Solicitan intervención de Fiscal de la Nación por archivo de casos de muertes en El Toro

Consejero Greco Quiroz también reportó caso a la presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad y a la Oficina de Control Interno  del Ministerio Público para investigar desempeño de fiscal que archivó caso de cuatro muertos por minería ilegal en el cerro el  Toro.

Huamachuco. El consejero regional, Greco Quiroz, solicitó la intervención de la fiscal de la Nación ante el  desinterés y la indiferencia del Ministerio Público de La Libertad  para intervenir a los mineros ilegales en cerro El Toro (Huamachuco), donde cada vez cometen más muertes que quedan  enterradas en la impunidad y en el olvido.

La autoridad regional envió  oficios con las pruebas a la máxima autoridad del Ministerio Público, Zoraida Ávalos; también  a la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Marena Mendoza Sánchez; y a la fiscal de Control Interno  para evaluar e investigar a los fiscales por el archivamiento de  casos sobre las últimas muertes registradas  en el cerro El Toro a causa de la minería ilegal.

El último caso fue la muerte de cuatro personas el pasado 6 de mayo en el socavón ilegal de Minerals Doña Julia. Los deudos presentaron pruebas de todo tipo, testimonios grabados, informes en los medios, denuncias y videos reveladores, donde incluso se muestra como retiran el cadáver   de una de las victimas sin la presencia de las autoridades. Sin embargo,  el caso fue archivado sorprendentemente  por el fiscal adjunto de Huamachuco, Ronald Urrutia Castillo.

Urrutia Castillo alegó que no hubo necropsias para determinar si las cuatro muertes fueron por inhalación de gases tóxicos a causa del derrumbe.  Para el representante del Ministerio Público, Medardo Fernández Acevedo y los hermanos Valderrama Altamirano habrían muerto de neumoconiosis y no por el derrumbe con fuga de gases tóxicos, pese a que todos los indicios y testimonios apuntaban a que las victimas fallecieron el interior del socavón ilegal que explota Jorge Espejo Moreno.

“Sorprende la disposición emitida por el fiscal provisional de Sánchez Carrión, Ronald Urrutia castillo, que archiva el caso de cuatro inocentes. Le dio impunidad con su firma y sello a pesar de las contundentes pruebas que demostraban la muerte de cuatro personas en el socavón ilegal de Minerals Doña Julia”, sostuvo el consejero regional Greco Quiroz.

Los deudos de los hermanos Alejandro Paulino Valderrama Altamirano, Esteban Hipólito Valderrama Altamirano, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo siguen pidiendo justicia. Desde el primer día le reclamaron justicia al fiscal Urrutia Castillo. Pero solo recibieron evasivas, encontraron las puertas cerradas de la fiscalía y desidia en el proceso fiscal, según denunciaron.

Quiroz también envió una carta solicitando la intervención del Defensor del Pueblo, José Luis Agüero Lovatón,  pero solo obtuvo una respuesta negativa.  Agüero Lovatón respondió, a través de un oficio,  que esa no es su competencia y órganos competentes se hacían cargo. “Al parecer, para este señor, nuestro derecho a justicia no tiene importancia. Al parecer solo trabajan en casos de Sánchez Carrión por sugerencia de Jennifer Catalán”, increparon los deudos.

Tras la tragedia, incluso el procurador público Pedro Armas Plascencia inició una investigación por la horrenda muerte de estos cuatro infortunados. “Los deudos indicaron que fue Jorge Espejo quien ofreció dinero para que no denuncien las muertes de sus familiares”, señala el consejero Quiroz. Y agrega que “por un plumazo del fiscal provisional todo queda impune y sin culpables”.

Retiran del Reinfo

Asimismo, la Gerencia Regional de Energía y Minas  de La Libertad hizo de conocimiento a la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas la resolución N.º463-2021-GRLL-GGR/GREMH que declara la existencia de responsabilidad administrativa incurrida por Minerals Doña Julia S.A.C, por presuntas infracciones  a las normativas ambientales,  al igual que la   disposición que excluye  a esta empresa del Registro Integral De Formalización Minera (REINFO). La medida también fue notificada a  la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del distrito Fiscal de La Libertad y  al jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, Carlos Céspedes Muñoz.

La inacción de la Policía Nacional y la pasividad del Ministerio Público impiden frenar  los delitos  que perpetran a diario los mineros ilegales, como el tráfico de cianuro y explosivos que seguirá en manos de un sujeto Flores Pizán, (a) “Ekeko”. Ninguna autoridad enfrenta a estas mafias que le roban al Estado. Incluso, autoridades regionales no quieren hacer mucho, como la consejera por Sánchez Carrión, Jeniffer Catalán; y la fiscal Lastenia Acuña. Para  ellas hay poca presencia de minería ilegal en el Cerro El Toro.

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