¿Por qué es necesario continuar con la reforma universitaria?

Los esfuerzos realizados por la SUNEDU han permitido que al 2020 se pueda contar con un sistema de educación universitaria más ordenado, con mejoras en el nivel de docencia y más orientado hacia la investigación.

En las últimas semanas se han presentado iniciativas en el Congreso que buscan modificar la Ley Universitaria promulgada el 2014.

Las propuestas apuntan, principalmente, que las universidades vuelvan a ser reguladas y supervisadas por ellas mismas. Además, plantean dar una segunda oportunidad a las instituciones educativas universitarias que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad durante el proceso de licenciamiento.

Estas propuestas significarían un retroceso en lo logrado con la reforma universitaria en los últimos años, y un obstáculo para que las universidades peruanas se conviertan en protagonistas de la mejora sostenida de la competitividad y productividad del país.

Antecedentes

Durante los años 90, se aprobaron un conjunto de reformas educativas que buscaron promover la creación de nuevas universidades y el acceso de más personas a la educación superior. A mediados de la década, se creó el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU), adscrito a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el cual recibió la función de evaluar y emitir autorizaciones de licencias de funcionamiento de universidades.

Así, se eliminó el requisito de contar con un mandato con rango de ley y con una evaluación por parte del Ministerio de Educación y el Congreso de la República.

Luego, en 1996, se permitió que las universidades privadas puedan ser gestionadas con fines lucrativos, y se estableció que toda persona natural o jurídica tenga derecho a crear una institución educativa.

Si bien estas reformas fueron efectivas para incrementar la oferta educativa, expandir la variedad de carreras y lograr un mayor alcance geográfico de la educación; estos avances no fueron acompañados de una mejora en la calidad del servicio educativo.

Creación de la SUNEDU

Más de una década después de los cambios normativos que se realizaron en el sistema universitario, el Tribunal constitucional (TC) emitió una sentencia que cuestionaba la objetividad y rigurosidad de la labor de la ANR y la CONAFU en la supervisión de la calidad educativa ofrecida por universidades privadas. Dejando en evidencia la necesidad de un regulador técnico e independiente del sistema educativo universitario.

Es así que, en el 2014, tras la poca eficiencia del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), se aprobó la Ley Universitaria, donde se definió al Ministerio de Educación como el entre rector del aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, y se dispuso el cierre de la ANR y del CONAFU, y su reemplazo por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario (SUNEDU).

Desde el 2015, la SUNEDU inició con el proceso de licenciamiento de las universidades, otorgándoles plazos para el cumplimiento de ciertas condiciones básicas, permitiendo que al 2020 se pueda contar con un sistema de educación universitaria más ordenado, con mejoras en el nivel de docencia y más orientado hacia la investigación.

Retos pendientes

A pesar de las mejoras registradas desde el 2014, la educación superior universitaria en el Perú mantiene un amplio espacio de mejora para convertirse en un pilar fundamental de la competitividad y productividad del país.

Además, se debe mejorar la calidad de los programas de estudios ofrecidos por las universidades. También es necesario explorar alternativas de promoción de la competencia entre las instituciones educativas de nivel superior. El cumplimiento de mejores estándares de calidad por parte de las universidades podría estar asociado al acceso de mayores fondos concursales para la entrega de becas y créditos a poblaciones vulnerables, y también el desarrollo de proyectos de innovación.

Tanto los avances registrados a la fecha como la agenda pendiente representan las razones de fondo para continuar con la reforma universitaria. Los esfuerzos del Ejecutivo y el Legislativo tendrían que estar enfocados en la ejecución de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, aprobada en el 2020, que prioriza la mejora continua y aseguramiento de la calidad educativa que permita movilizar recursos hacia la investigación e innovación.

Sin embargo, la discusión actual corre en sentido puesto y está asociada con un alto riesgo de retroceder en las reformas hacia una regulación técnica e independiente, y el proceso de licenciamiento de las universidades. El desarrollo del Perú requiere de un sistema universitario que permita a sus estudiantes desarrollar su mayor potencial.

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