Perú: la defensa de los derechos humanos golpeada en tiempos de pandemia

  • Perú registró la mayor tasa de mortalidad del mundo por millón de habitantes a causa de la Covid-19
  • En 2021 se agudizó la violencia contra defensores de la tierra, territorio, y medioambiente en Perú.
  • Según cifras oficiales, en 2021 un total de 1435 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en Perú y 12 984 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, frente a las 11 828 reportadas en 2020.

El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que los Estados, junto con grandes empresas, han ahondado la desigualdad global. El informe detalla las causas fundamentales, como la codicia de las empresas, así como el abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo.

Asimismo, da cuenta del estallido de nuevos conflictos y de la persistencia de otros no resueltos en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Myanmar y Yemen, en los que las partes enfrentadas violaron el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La inacción global para abordar estos conflictos contribuyó a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, que ha violado de forma flagrante el derecho internacional.

A poco más de dos años del inicio de la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19. Y Perú, con 202 741 personas fallecidas a fines de 2021, se ubicó como el país con la mayor mortalidad del mundo por millón de habitantes a causa de la Covid-19. La falta de insumos médicos esenciales, como oxígeno, y la insuficiente capacidad hospitalaria limitaron considerablemente la respuesta a esta emergencia en el país.

Por otro lado, la región siguió ubicándose como la más letal para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental: solo en enero de 2022 se cometieron al menos 20 homicidios  y el año pasado se perpetraron decenas más en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela.

En Perú, al menos tres personas defensoras de los derechos de la tierra, territorio y medioambiente fueron asesinadas en 2021. Nos preocupa que con el asesinato de Juan Julio Fernández Hanco, en Madre de Dios, el último 20 de marzo, esta lamentable cifra siga creciendo, y que las amenazas contra la vida e integridad de defensoras y defensores en nuestro país persistan.

En este contexto, el Congreso de la República de Perú sigue sin ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un tratado regional fundamental para la justicia climática y la protección de las personas defensoras.

“En  2021 defensores de la tierra, territorio y medioambiente fueron hostigados y asesinados ante la inacción de un Estado que no puede garantizar ni la efectividad de medidas de protección, ni políticas y acciones que frenen el espiral de violencia en el que se encuentran estas personas, que siguen siendo amenazadas en sus territorios”, ha declarado Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, tras el lanzamiento en Lima del Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo.

La violencia de género se incrementó en pandemia. Los indicadores muestran que las medidas desplegadas para proteger a las mujeres y las niñas, incluidas extranjeras, han sido insuficientes. Según cifras oficiales, en 2021 un total de 1435 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en Perú y 12 984 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, frente a las 11 828 reportadas en 2020.

“Hemos observado un incremento de la violencia contra las mujeres que vulnera sus derechos a vivir libres de violencia. Vemos que las políticas desplegadas para combatir la violencia machista en Perú no están funcionando y que niñas y mujeres siguen siendo asesinadas y desaparecidas solo por el hecho de ser mujeres”, ha señalado Marina Navarro.

En muchas partes de la región se bloquearon leyes que habrían protegido mejor los derechos de las personas LGBTI, mientras en varios países se siguió discriminando y sometiendo a violencia a personas debido a su orientación sexual e identidad de género. Así, en las Américas se denunciaron 316 de los 375 asesinatos de personas trans y de género diverso perpetrados en todo el mundo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. En este deplorable escenario, el Congreso peruano siguió sin aprobar una Ley de identidad de género para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans.

El racismo y la discriminación seguían estando extendidos en toda la región, donde el acceso insuficiente al agua, el saneamiento y servicios de salud agravó el impacto de la pandemia sobre todo en los pueblos indígenas. En el país, la crisis de salud que enfrentan miles de personas, especialmente pueblos indígenas en Espinar (Cusco) y Cuninico (Loreto), a causa de la contaminación medioambiental por metales pesados y sustancias tóxicas, siguió sin ser abordada adecuadamente, lo cual sigue vulnerando sus derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano.

Pese a los retrocesos en el ejercicio y defensa de los derechos humanos, la resistencia que ofrecen los movimientos populares del mundo representa una esperanza.  En América Latina, el movimiento feminista siguió cobrando fuerza desde que Argentina legalizó el aborto a finales de 2020: la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización del aborto en septiembre de 2021 y, en febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo.

En Perú, la lucha de miles de mujeres por su derecho a verdad, justicia y reparación en el caso de esterilizaciones forzadas ha llevado a que, luego de más de dos décadas de ocurridos estos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, en 2021 se abra el proceso penal contra Alberto Fujimori, exministros y altos funcionarios de su gobierno. Además, la persistencia de familiares que buscan sin cesar, y casi sin acompañamiento de las autoridades, a sus hijas, madres, hermanas desaparecidas, está impulsando cambios iniciales en lineamientos y protocolos para que se busque a sus seres queridos con la celeridad y los recursos necesarios. Por último, las personas afectadas por metales tóxicos, organizadas en una plataforma nacional, han logrado que el Gobierno se comprometa con un plan nacional de atención y con recursos para su implementación. Estos son solo algunos ejemplos de lucha organizada de la sociedad civil en Perú, que alza su voz, se moviliza e impulsa cambios frente a la inacción e indolencia de las autoridades para garantizar sus derechos.

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