Marcelo denuncia interferencia en la función jurisdiccional del P.J. en su caso

Ante el presidente de la Corte Suprema

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, solicitó ante el presidente de la Corte Suprema y jefe supremo del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, dicte medidas correctivas frente a la pronunciada interferencia que del vocal superior Oscar Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tanto en la función jurisdiccional de los órganos jerarquizados que administran justicia (inclusive la Corte Suprema) y, consiguientemente, conducta impropia, lesiva también a su función de alcalde de la MPT y como persona individual.

Marcelo sustenta su petición recordando que en su actual condición de alcalde provincial y por el hecho supuestamente delictivo de haber incurrido durante su gestión como alcalde del distrito La Esperanza por la provisión de 28 bloqueadores donados por empresa particular y destinados a impedir que los reclusos del centro penitenciario “El Milagro”, continúen dirigiendo la delincuencia desde ese establecimiento.

En ese tema fue comprendido junto a otras personas en proceso penal por presunta negociación incompatible en agravio del Estado, proceso en que la Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de La Liberad, emitió sentencia condenatoria con fecha 28 de noviembre de 2019.

La autoridad señala que interpuesto el recurso de Casación, el expediente de la materia fue elevado a la Corte Suprema, registrándose su ingreso a la Sala Permanente el 21 de enero de 2020, por lo que el Supremo Tribunal asumió jurisdicción en el tema.

Una semana después del ingreso del expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Oscar Alarcón Montoya, formuló convocatoria pública a los representantes de los medios de comunicación locales y regionales invitándolos a participar en la conferencia de prensa sobre “caso Marcelo”, en la Sala Especializada Civil.

Allí el presidente de la Corte  expuso, a juzgar por el despliegue de portadas titulares y cobertura mediática: “Sentencia en segunda instancia origina vacancia de Daniel Marcelo y no la suspensión”, “No es necesario que se espere la casación presentada por Marcelo para poder vacarlo del cargo”, “Titular del Poder Judicial en La Libertad, Oscar Alarcón, declaró que concejo debe vacarlo, tras ratificarse la condena por corrupción”, “La sentencia firme conlleva, como dice la norma, a la vacancia, afirmó el magistrado”, entre otros.

Tal intervención pública, abierta, incitadora, sin control, ocasionó reacciones de parte del foro trujillano. Así  “Ex fiscal liberteño Alfredo Galindo Peralta cuestiona de manera muy crítica a magistrado”.

El burgomaestre considera que el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad no ejerce función jurisdiccional sino administrativa y taxativamente prevista en el Art. 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Señala que en consecuencia, convocar, motu propio, a conferencia de prensa para reclamar públicamente la vacancia en el cargo del alcalde constituye indebida búsqueda de presión mediática tendiente a inmediata ejecución de una sentencia cuyo expediente obra ya en el ámbito jurisdiccional de la Corte Suprema y, obviamente, egresada ya de la competencia funcional del Tribunal Superior o Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

También expresa marcada interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, terminantemente prohibida por el literal 2 del Art. 139 de la Constitución; vulneración del principio contenido en el Art. 138 de la Carta Fundamental conforme al que la función judicial es ejercida por órganos jerarquizados con arreglo a la Constitución y las leyes, infracción del literal 1 del Art. 143 de la Constitución con arreglo a que el “Estado garantiza a los jueces su independencia. Solo están sometidos a la Constitución y a la Ley”.

La interferencia resulta extendida al ámbito del Jurado Nacional de Elecciones al constreñirlo a declarar vacante el cargo de alcalde provincial en aplicación del criterio del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a sabiendas que el asunto es de exclusivo conocimiento y resolución por el JNE, organismo autónomo con atribuciones destinadas a administrar justicia electoral, como prescribe el literal 4 del Art. 148 de la Constitución.

Por lo tanto, Marcelo pide al presidente del Poder Judicial tomar conocimiento de estos hechos y, en su debida oportunidad, dictar las pertinentes medidas de corrección habida cuenta, que no es posible ni atiende a una recta administración de justicia sacar los procesos judiciales en reserva para su ventilación y escrutinio público convocando a los medios de prensa, o sea en forma pública, pues ello podría generar ambiente de intranquilidad social en momentos que el crimen organizado alcanza altísima incidencia en esta parte de país.

Señala que es impropio que sea el mismo presidente de la Corte Superior de Justicia, al margen de toda ponderación e imparcialidad y sensatez, quien haga uso peyorativo de su apellido para denominar un proceso cuyo resultado aún está por producirse, motejarlo públicamente como “Caso Marcelo”, como si fuera un delincuente más.

“Tal comportamiento lesiona, entre otros, los principios constitucionales de respeto a la persona y su dignidad; respeto al honor y buena reputación, identidad e integrad moral; así como a mi familia. Artículos 2 – 1- 7 y 4 de la Constitución”, añade finamente en el documento al presidente del Poder Judicial, ingresado con fecha de ayer 13 de febrero.

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