- El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego solicitó al Tribunal Arbitral la ampliación de 90 días más para la firma de la adenda.
- De no aprobarse la ampliación, miles de liberteños quedarán sin acceso al agua y el Gobierno gastará mucho dinero en el pago de indemnizaciones al concesionario.
Tras la reciente solicitud del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) al Tribunal Arbitral de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) de ampliar a 90 días más, la postergación de la lectura del laudo arbitral entre el Estado y el concesionario del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), para concretar la firma de la adenda entre las partes, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) exhorta a las autoridades del Ejecutivo dar cumplimiento, lo más pronto posible, al procedimiento en las debidas instancias y ministerios, con el fin de reiniciar las obras del proyecto que beneficiará a miles de liberteños.
“Hemos sido informados que se ha solicitado esta ampliación, y en adelante vamos a ser firmes en exigir que las autoridades no aplacen más la firma, puesto que el Congreso ya había dado luz verde y solo era cuestión de acelerar el paso en el Midagri para luego pasarlo al MEF y Contraloría; sin embargo no ha sucedido así, por lo que estaremos expectantes hasta que se concrete en el menor tiempo posible”, manifestó Alfonso Medrano Samame, presidente de la CCLL.
Ahora bien, existe incertidumbre de parte de la CNUDMI, pues esta entidad administra la demanda arbitral y deberá aceptar ampliar los plazos. Esta será la tercera vez en lo que va del año, que se extiende la fecha de lectura del laudo, para dar lugar a la firma de la adenda. La segunda venció el 9 de setiembre.
“Esperemos que el Tribunal Arbitral acepte esta ampliación y se pueda continuar con el proceso de firma de la adenda, de lo contrario, la culminación de la presa Palo Redondo será postergada por años, con lo cual el Estado perdería la inversión en una infraestructura inconclusa con altos riesgos de deterioro, miles de liberteños no tendrían acceso a agua potable, se perdería la generación de más de 90 mil empleos y la incorporación de 50 mil nuevas hectáreas de áreas cultivables para la región y; en el peor de los casos, el Gobierno podría perder la demanda arbitral que involucraría además el pago de indemnizaciones al concesionario”, agregó Medrano Samame.
Finalmente, la Cámara de Comercio de La Libertad continuará vigilante y a la expectativa para que este proyecto liberteño se concrete, dado que es uno de los ejes de trabajo que promueve la actual gestión del gremio empresarial en beneficio del desarrollo económico y agroexportador de la región.