Un 70% de gobernadores investigados por presunta corrupción

Algunos detenidos  otros fugados y  prófugos, indignante realidad

Por: Amaro Rodríguez S. 

La ausencia de leyes “cauterizadoras” que debería darlo el Congreso de la República, permite a los depredadores de los recursos del Estado continuar haciendo su festín con el robo del dinero público, se da en todos los niveles por parte de los titulares y funcionarios. En el segundo nivel de gobierno ya tenemos hasta el momento un 70% de los gobernadores del Perú, investigados por actos de presunta corrupción, aunque  hay algunos detenidos, otros prófugos y también fugados.

Los congresistas obligados a legislar sobre esta indignante realidad conocida, por ellos mismos, sin embargo muchos  tentados por extraordinarios regalos navideños además de los del  Poder Legislativo, esperan que las Universidades no licenciadas tengan una nutrida bolsa navideña a cambio los congresistas autorizarían su funcionamiento, negada por SUNEDU al no cumplir requisitos, atropellando  la reforma de la Educación Universitaria.

Hasta el momento son 18 gobernadores regionales para vergüenza se sus electores, quienes nos equivocamos muchas veces a falta de una ley que tipifique el robo al Estrado como traición a la patria  y sea inmediatamente reglamentada, para iniciarles  un juicio sumario y su inmediata condena, con pago por  su alimentación en los penales, sean despojados de todas sus pertenencias incluida las de sus testaferros. Hasta hoy en paralelo hay 52 funcionarios los investigados  por presuntos actos de corrupción e irán en aumento.

Los actuales gobernadores investigados por presuntos actos de corrupción son Elmer Cáceres de Arequipa, Juan Morillo de Ancash, Anselmo Lozano de Lambayeque, Fernando Orihuela de Junín, Baltazar Lantarón de Apurimac, Juan Alvarado de Huánuco, Segundo García de Piura, Juan Tanconi de Tacna, Florentino Dios de Tumbes, Agustín Luque de Puno, Maciste Diaz de Huancavelica, Juan Benavente de Cuzco, Elisban Ochoa de Loreto, Pedro Ubaldo  de Pasco, Oscar Altamirano de Amazonas, Francisco Pezo de Ucayali, Carlos Rua de Ayacucho y Dante Mandriotte del Callao.

La Asociación Nacional de Gobierno Regionales, un 70% de ellos investigados,  en un comunicado exigen a la Contraloría  prudencia en su trabajo, cuando son los encausados los únicos  responsables del desprestigio de los gobierno regionales y se los tilde de corruptos e incapaces. El Congreso de la República es responsable de elaborar leyes que neutralicen este flagelo delictivo en las más altas esferas del Estado.

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