Arturo Fernandez: ingresa solicitud para transferencia de competencia y que todos sus casos se trasladen a la Corte Superior de Justicia de Lima

A un día de su juicio

  • Ingresó solicitud para transferencia de competencia y que todos sus casos se trasladen a la Corte Superior de Justicia de Lima, la respuesta puede demorar hasta seis meses.

Arturo Fernández Bazán, el suspendido alcalde de Trujillo, presentó una solicitud de transferencia de competencia de todos sus procesos que se desarrollan en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) a la Corte Superior de Justicia de Lima, basado en los artículos 39°, 40° y 41° del Código Procesal Penal (CPP) alegando parcialización de los jueces y del Presidente de la Corte Superior de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, exigiendo que se cumpla el debido proceso y una tutela jurisdiccional efectiva, además que se respete el voto popular y el derecho de elegir y ser elegido. Esta solicitud, de acuerdo al CPP debe ser elevado a la instancia superior, es decir a la Corte Suprema, que evaluará el petitorio y responderá en un mínimo de seis meses o más dependiendo de su enorme carga procesal.

Este pedido incluye el proceso por difamación seguido por el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra y todos los demás procesos instaurados en su contra, porque considera que han sido objeto de vulneración de la imparcialidad y haber sido mediatizados en acción promovida por el propio Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, quien es a su vez el superior de todos los jueces liberteños y quien también ha denunciado por difamación agravada a Arturo Fernández.

El alcalde (s) señala también que la denuncia de Burgos Mariños en su contra ha incluido como tercero civilmente responsable a la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien tendría que pagar parte de los 10 millones que demanda el actual presidente de la CSJLL, suma que Fernández Bazán considera descabellada, recordando que esta demanda es una venganza de Burgos Mariños por haberlo criticado por el polémico fallo que dio el juez no haciendo justicia a Azul Rojas, un ciudadano trans que fue violado en la comisaría de Casa Grande, caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino, ordenando al Estado peruano a indemnizar a la víctima de la agresión sexual.

Y este caso es utilizado por Fernández Bazán para graficar la “imparcialidad” de Burgos Mariños, pues este aceptó en una entrevista que sus prejuicios contra la comunidad LGTB lo “nublaron” e hicieron que no le hiciera justicia.

Asimismo, el llamado “Loco de Moche” detalló que hay antecedentes similares en los cuales la Corte Suprema aceptó que hay subordinación de los jueces locales al Presidente de una corte superior, dando la razón al demandante y transfiriendo las competencias a otro distrito judicial.

Alega también que a pesar que Burgos Mariños ha enjuiciado a la Municipalidad de Trujillo por diez millones, es recibido por el actual alcalde Mario Reyna quien lo ha congratulado públicamente, evidenciando que no existen garantías de imparcialidad e independencia en la corte liberteña.

Asimismo, el petitorio denuncia al abogado Walter Loja Vega, abogado del Presidente de la corte, Víctor Burgos Mariños, por haber declarado a medios, en video, que Arturo Fernández irá preso en ese juicio, lo cual constituye un claro adelanto de opinión porque él representa al Presidente de la Corte, lo cual es gravísimo considera, aparte que el Procurador municipal es Martín Salcedo Salazar, a quien señala de ser amigo de Víctor Burgos considerando Arturo Fernández que está en peligro el patrimonio de la MPT, pues nadie la defiende.

Otro punto que alega el demandante es que la jueza Liana Faviola Argumedo Pérez, del 4° Juzgado Penal Unipersonal, emitió resoluciones sin ser competente y saltándose varias normas; también denuncia a la Jueza Ingrid Renee Pajares Acosta a quien acusa de amenazar con excluir del proceso a su abogado defensor, simplemente por presentar diversos alegatos, y prohibiéndole que vuelva a presentarlos.

Otro caso, más la recusación del juez Quispe Lecca que solicitó Arturo Fernández fue denegada por el juez y por la sala a pesar que estaba bien fundamentada.

También menciona el hecho que se ordenara la ejecución de la pena que se le impuso por el caso de la PNP Nathaly Rojas, ya que todavía hay un recurso de queja pendiente en la Segunda Sala Penal Permanente, ilegalidad que fue observada por el Jurado Nacional de Elecciones que no aprobó la vacancia ya que existía ese recurso pendiente.

En el escrito Fernández Bazán adjunta videos, entrevistas, recortes periodísticos, y solicita finalmente que se eleve el caso a la Corte Suprema para que resuelva y se forme también el incidente (cuadernillo), informándose a todos los demás sujetos procesales.

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