Retos del gobierno para reactivar y reformar el sector construcción que completó un semestre en rojo

INFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN (IEC) DE CAPECO #67 – 2023

Retos del gobierno para reactivar y reformar el sector construcción que completó un semestre en rojo

• La construcción se contrajo 11.0% en mayo según INEI y CAPECO estima una caída de 8.4% en junio, sumando un semestre a la baja. El resultado de enero a junio sería -9.8%

• Consumo de cemento habría disminuido 12.7% en junio, sumando once meses de caída desde julio 22. La obra pública se contrajo 8.9% en mayo, pero se recuperaría 3.9% en junio

• Créditos hipotecarios se redujeron 25.5% entre enero y mayo, pese a desempeño positivo del segmento Mivivienda que podría afectarse en el futuro. CAPECO solicita que Ministerio de Vivienda ejerza sus competencias y propone nueva visión para el Fondo Mivivienda

• Ejecución presupuestal de obras públicas subió 14.5% en primer semestre, pero será afectada por posible Fenómeno El Niño. La Autoridad Nacional de Infraestructura no basta para enfrentar este desafío

• Desconfianza de agentes económicos y ciudadanos sobre gestión de actores políticos y la insatisfacción con la democracia demandan un mensaje presidencial con agenda reformista y un pacto social

• CAPECO y Federación de Trabajadores en Construcción Civil proponen medidas urgentes para reactivar la construcción e insisten en Pacto para la Construcción de un Perú Mejor

Lima, julio 2023.- La construcción llega a junio sin remontar drástica caída. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI ha señalado que el sector construcción se contrajo 11.0% en mayo del presente año, una tasa mucho mayor a la que se había estimado en la anterior edición del IEC (-6.2%). Tanto el consumo de cemento como el avance de la obra pública, los dos indicadores que explican casi el 98% del PBI de la construcción, tuvieron un resultado fuertemente negativo. En el caso del cemento, el índice alcanzado (-11.9%) fue prácticamente el mismo que el estimado por CAPECO (-12.0%). Estos resultados adversos en estos seis rubros productivos clave (Ver ANEXO 1), ha arrastrado a la economía en general, situación que – salvo durante la pandemia – nuestro país no había padecido en los últimos veinte años. CAPECO proyecta que la actividad constructora volverá a experimentar una nueva caída en junio, esta vez de 8.4%, como consecuencia de una nueva contracción del consumo de cemento (-12.7%). Así, al cierre del primer semestre de este año, la producción sectorial sufriría una disminución de 9.8% respecto a igual periodo del 2022.

El índice de precios de los materiales de construcción volvió a bajar en junio, alcanzando un nivel similar al de mayo (-0.54%), este indicador acumula cuatro meses sucesivos en caída. Con estas performances, la tasa interanual de variación de precios de materiales se redujo en 0.4% en mayo, mientras que la inflación subió 6.5%. (Ver ANEXO 1) Desde hace varios meses, CAPECO ha venido alertando sobre el impacto que tendría sobre la performance del sector construcción durante este año la confluencia de una serie de factores como la contracción de la inversión privada y la protesta social; la ocurrencia de lluvias severas en varias regiones del país durante el primer bimestre del 2023; los desajustes en el mercado inmobiliario y en la obra pública por el alza de precios de materiales de construcción; el incremento de los niveles de pobreza, sobre todo en Lima Metropolitana; el cambio de autoridades, los casos de corrupción en la contratación de obras públicas y en los programas de vivienda social; y el conflicto entre municipalidades y el Ministerio de Vivienda sobre el desarrollo de proyectos de vivienda. Recientemente, en ocasión de iniciarse las conversaciones entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y CAPECO para la negociación colectiva en la industria de la construcción para el presente año, ambas entidades suscribieron un pronunciamiento público reiterando la vigencia de “una agenda común para la reactivación del sector y de la economía del país”. (Ver ANEXO 2)

Los desafíos que plantea el Fenómeno El Niño para la infraestructura

“Hasta junio del 2023, la ejecución de los presupuestos de inversión pública presenta resultados para nada parecidos” indica Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO. “Por un lado, se invirtieron 16 mil 705 millones de soles, lo que implica un récord histórico. Por el contrario, los gobiernos locales experimentaron una contracción de 12.5% en sus niveles de inversión hasta el primer semestre”, acota Valdivia. De acuerdo al gremio, estos altos niveles de inversión están asociados a la mayor disponibilidad de recursos y no a un incremento de la eficiencia en la ejecución. (Ver ANEXO 3) El reciente Informe Económico de la Construcción informa que la inversión pública podría verse afectada por la inminente ocurrencia del Fenómeno el Niño. “Los eventos más severos producidos en 1982-83, 1997-98 y 2017 generaron pérdidas cercanas a los 3 mil 300 millones de dólares, en cada oportunidad”, indicó Valdivia.

CAPECO advierte de una situación aún más complicada para el sector: “Los contratistas de obras están enfrentando dificultades para que las empresas de seguros reconozcan los daños ocasionados por los fenómenos climáticos ocurridos a inicios de año”, advierte Valdivia. De acuerdo al gremio, las compañías de seguros no están otorgando cobertura en contratos para la adquisición o renovación de pólizas que correspondan a obras localizadas en zonas potencialmente afectadas por lluvias severas. Estas exclusiones y limitaciones impedirían que los contratistas cumplan adecuadamente con sus compromisos contractuales con el Estado, exponiéndolos a penalidades, ejecución de cartas fianzas, y hasta la resolución de contratos y la inhabilitación para contratar con entidades públicas. “Además se incrementaría el monto de obras paralizadas”, aseguró Valdivia. “Es urgente la participación del gobierno nacional. Se requiere que el Estado asuma parte del riesgo derivado de la probabilidad de ocurrencia de siniestros catastróficos y recurrentes que, aparentemente, exceden la capacidad de pago de un solo asegurador”, explicó.

CAPECO sobre la construcción en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias

En junio, el BCRP reveló que las expectativas empresariales habían vuelto a caer. “Las perspectivas para los siguientes tres meses se encuentran en escenario negativo”, indica Valdivia. (Ver ANEXO 4) “La presidenta se alista a dar su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias luego de las marchas del 19 de julio que no alcanzaron los niveles de participación que anunciaban sus promotores. Ello ha generado un ambiente de relativa tranquilidad que el gobierno no puede considerar como un respaldo a su gestión”, señala el Director Ejecutivo de CAPECO. Según CPI, sólo el 6.3% de la población cree que el gobierno está preparado para enfrentar el Fenómeno El Niño y en su gran mayoría respalda un adelanto de elecciones.

“El discurso por 28 de julio debería ser una oportunidad para proponer al país un pacto nacional para emprender las reformas políticas necesarias para fortalecer nuestro sistema democrático, para impulsar un programa de reactivación económica, de la inversión y del empleo y para iniciar un proceso de modernización de la gestión estatal. El contenido y alcances de estas tres importantes iniciativas reformistas deberán ser consensuadas con el Congreso y con la sociedad civil, a través del Acuerdo Nacional y de Encuentros Regionales. Las reformas políticas, en particular aquellas vinculadas al nuevo diseño electoral y de representación, deberían estar listas para los próximos comicios generales”, aseguró Valdivia.

En el caso del sector construcción, la FTCCP y CAPECO han consensuado un pacto que combina ambos enfoques y que plantea objetivos estratégicos como: la descentralización del proceso de planificación territorial; el impulso a la planificación urbano-territorial para la producción de vivienda, especialmente social; la articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe; coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones; fomento de la formalización laboral y el fortalecimiento de la representación sindical; y la creación de espacios institucionalizados para un diálogo público-privado transparente, entre otros. (Ver ANEXO 5) “Este último objetivo estratégico es, probablemente, el primero que debería abordarse pues su implementación permitiría desarrollar el resto de la agenda de reformas con eficiencia y un amplio consenso”, asegura el gremio. (Ver ANEXO 6)

Sobre el fallo del TC en cuento a las competencias en Vivienda Social

De acuerdo al IEC de CAPECO, la colocación de préstamos hipotecarios para la adquisición o construcción de viviendas continúa disminuyendo al cierre de mayo, “aunque con tendencias claramente divergentes entre los segmentos de vivienda social y no social”, indica Valdivia. El informe muestra que los créditos otorgados por entidades financieras con sus propios recursos disminuyeron 35.0%, respecto al 2022, y 43.9% en comparación con el 2021. Las operaciones financiadas a través de Mivivienda S.A. permitieron la construcción de 5,529 viviendas, vale decir un 9.6% más que entre enero y mayo de 2022. Esta entidad concentra el 39.5% del mercado de créditos hipotecarios en estos primeros cinco meses del presente año. En promedio, la caída en las colocaciones fue de 25.5% en este periodo. En junio de 2023, se desembolsaron 979 créditos Mivivienda, cifra que es 120.5% más alta que la del año previo. “Sin embargo, en junio de 2022 se presentó un resultado atípico porque a mitad de mes se acabaron los subsidios de vivienda social, tanto para Techo Propio como para Mivivienda”, señaló Valdivia. De acuerdo al gremio, el resultado de junio es 14.9% inferior al de mayo y el segundo más bajo de los últimos doce meses. «Si los préstamos que se otorguen en el segundo semestre mantienen el ritmo de crecimiento mensual del último semestre, se podría llegar a fin de año con una baja de 11.1% comparado con el 2022”, aseguró Valdivia. (Ver ANEXO 7)

Para CAPECO, el conflicto de competencias entre el Ministerio de Vivienda y algunas municipalidades respecto a la generación de oferta de vivienda social que había sido dirimido por el Tribunal Constitucional – TC, está lejos de resolverse. “Varias municipalidades han aprobado ordenanzas que disponen, sin sustento legal, la paralización de obras, la anulación de licencias u otras autorizaciones, la aplicación retroactiva de medidas derivadas de la sentencia del TC o la suspensión generalizada de licencias”, informa Guido Valdivia.

De acuerdo al gremio, la sentencia del TC ha recordado que la autonomía de las municipalidades “no debe confundirse con autarquía, pues esta debe ser ejercida de conformidad con la Constitución y las leyes” y “que su regulación se enmarca en un sistema nacional armónico”. Valdivia indica que la sentencia del TC únicamente ha declarado nulos los artículos que están referidos a parámetros de zonificación y alturas máximas de edificación, sin cuestionar la legalidad del resto del Reglamento Especial ni de las otras tres normas nacionales que regulan la vivienda, el urbanismo, la construcción y el desarrollo urbano en todo el país. (Ver ANEXO 8)

“El TC ha señalado que, aunque el MVCS no tiene competencia para imponer a un gobierno local el deber de variar la zonificación, o para ignorar la que se hubiese realizado, no implica que los gobiernos locales puedan inconstitucionalmente obstaculizar el desarrollo de proyectos de VIS por parte del Poder Ejecutivo”, explica el Director Ejecutivo de CAPECO. “Ello quiere decir que los proyectos y demás autorizaciones que se aprobaron cumpliendo estrictamente el Reglamento Especial deben mantener su vigencia. Teniendo en cuenta que en nuestro país es muy frecuente la venta de viviendas bajo la modalidad de “bien futuro”, muchos proyectos se comienzan a comercializar en etapa de pre-venta», indica Valdivia. De acuerdo con cifras de la Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas de CAPECO, recogidas en marzo pasado, existían poco más de 15 mil viviendas que se ofrecían en “pre-venta” en Lima Metropolitana, constituyendo el 36.3% de las viviendas en oferta.

ANEXO 1

Sobre la caída del sector construcción en el primer semestre

La baja acumulada que experimentó el sector construcción entre enero y mayo del presente año (-10.1%), es solamente superada por la que se dio en el pesquero (-15.6%) y es algo mayor a la que alcanzó la actividad de telecomunicaciones y otros servicios de información (-8.9%) y la financiera y de seguros (-7.4%). También se situaron a la baja al cierre del quinto mes del 2023, la producción agropecuaria (-5.1%) y la manufacturera (-4.2%). Estos resultados adversos en estos seis rubros productivos clave, ha arrastrado a la economía en general, que ha descendido 0.49% al concluir los cinco primeros meses del año, debiendo señalarse que el PBI nacional se ha retraído en tres oportunidades en lo que va del 2023, situación que – salvo durante la pandemia – nuestro país no había padecido en los últimos veinte años.

La construcción caería un mes más en junio, por la contracción del consumo de cemento, a pesar de una leve recuperación de 3.9% en el avance de la obra pública. Si ello ocurriera, en el caso del cemento, su consumo habría estado en espacio negativo en once de los últimos doce meses y, de manera consecutiva, desde setiembre 2022 hasta junio 2023. Así, al cierre del primer semestre de este año, la producción sectorial sufriría una disminución de 9.8% respecto a igual periodo del 2022.

Como se indicó en la anterior edición del IEC, el BCRP había corregido a la baja su pronóstico sobre el PBI de la construcción para el 2023 de 1.0% en su Reporte de Inflación de junio a crecimiento nulo en el de setiembre. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la producción sectorial en el primer semestre del presente año, llegar a la meta que propone el instituto emisor, implicaría alcanzar un crecimiento promedio de 7.9% entre julio y diciembre.

Los resultados de la inversión y el empleo vinculados al sector construcción alcanzados hasta la fecha parecen confirmar esta perspectiva negativa sobre el sector. Así, la inversión minera se contrajo 19.7% entre enero y mayo, acumulando diez meses en escenario negativo y encaminándose a una retracción similar al cierre del 2023, estimada en 18.9% por el BCRP. Como se verá más adelante también es muy retador el panorama para la vivienda y el mercado inmobiliario en general.

En cuanto al empleo, se registró una contracción de 12.8% en el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2023 respecto a igual periodo del año previo, de acuerdo con el INEI. Cabe señalar que el empleo adecuado se redujo en 11.8% mientras que el subempleo lo hizo en 15.7%, lo que deja en evidencia el importante nivel de desaceleración de la construcción informal. Vale la pena mencionar que, entre esos mismos trimestres, el empleo de toda la economía creció en 2.5%.

En junio 2023, descendió el precio del acero por cuarto mes consecutivo (11.0% respecto a igual periodo del 2022), mientras que el de los ladrillos de arcilla bajó 9.3%, en tanto que los del cemento, loseta y el costo de mano de obra crecieron 12.6%, 3.7% y 0.4%, respectivamente. En comparación con el mes de mayo, la loseta y la mano de obra no aumentaron sus precios, mientras que los otros tres materiales los disminuyeron: el acero en 4.1%, los ladrillos en 0.9% y el cemento en 0.2%.

ANEXO 2

La agenda de largo plazo ha sido expresada en el Pacto para la Construcción de un Perú Mejor, que ambos gremios aprobaron en febrero del 2022 y que contiene diez objetivos estratégicos y una serie de iniciativas para concretarlos. Pero, en esta nueva declaración pública, han coincidido en la necesidad de que el actual gobierno emprenda medidas mucho más concretas y urgentes como:

1. La “elaboración y ejecución de proyectos que mitiguen los impactos de fenómenos climáticos”, teniendo en cuenta que se encuentran todavía pendientes de ejecutar obras clave para la prevención en localidades afectadas por el Niño Costero del año 2017 y el país corre un alto riesgo de sufrir un fenómeno similar en el corto plazo. Se recomienda además una mejor articulación de “las inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente en agua y desagüe, salud, educación e hidráulica”.
2. La “aprobación de una nueva ley de contrataciones del Estado”, medida que se considera indispensable para evitar “cualquier acto de corrupción o mala práctica corporativa, sea del sector público o privado, nacional o extranjero”. Se exige además que las entidades ejecutoras de “los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) elaboren estudios y expedientes técnicos de calidad que garanticen la buena ejecución, culminación y puesta (en marcha) de obras en beneficio de la población”.

• La priorización de “los objetivos de desarrollo urbano formal y generación de oferta de vivienda orientada a la población de menores ingresos”, para lo cual se propone la dotación de “mayores recursos estatales y la promoción de la inversión privada” así como el “respeto irrestricto a nuestro ordenamiento jurídico, así como a los pronunciamientos y dictámenes expedidos por el Tribunal Constitucional referentes a la vivienda social”.

1. El impulso a la formalización del trabajo en construcción mediante el incentivo a la formación y capacitación laboral y académica” y el rechazo a “todo acto de violencia, vandalismo, agresión o acción delincuencial en las obras públicas y privadas, así como el cobro de cupos o ‘chalecos’ por (parte de) seudo sindicatos o seudo grupos de desocupados”. Se propone además que las obras de construcción pública incluyan “partidas de seguridad e higiene ocupacional que garanticen la integridad física del obrero y el personal de obra.”

El pronunciamiento de los trabajadores y empresarios constructores apuesta por el “diálogo social con resultados” como mecanismo para generar confianza, promover la transparencia y alcanzar consensos entre agentes económicos, ciudadanos y el Estado. Interesa desarrollar en este documento algunas de las propuestas aquí esbozadas.

ANEXO 3

Cumplida la primera mitad del año, sólo se ha invertido el 25.9% de los 64 mil 537 millones presupuestados para el 2023, proporción mayor a la que se alcanzó en dicho periodo del año previo (22.5%) pero inferior a la que se logró en el 2021 (26.5%). En todo caso, estas tendencias parecen anticipar que la eficiencia de la ejecución, al cierre del 2023, no variará notablemente de la alcanzada en los años previos que oscila entre el 60% y el 70%, lo que significa que se dejaría de emplear unos 19 millones de soles.

ANEXO 4

Perspectivas empresariales siguen a la baja (42.8 puntos), condición que se mantiene desde marzo del año 2021. Para los siguientes doce meses, la posición de los empresarios es algo mejor (51.2), aunque se trata del peor resultado desde enero pasado. De otro lado, una reciente encuesta efectuada por CPI reseña que un 53.7% de ciudadanos entrevistados considera que su situación económica ha empeorado en los últimos seis meses, proporción que se eleva a 58.8% fuera de Lima Metropolitana.

La agencia Fitch Ratings ha mantenido la calificación de nuestro país (BBB) pero con una perspectiva negativa y con “un poco de riesgo a la baja”, debido a la elevada incertidumbre política “ha deteriorado la gobernanza e impacta en el crecimiento económico”. Afirma que “antes del 2016, los problemas políticos no siempre afectaban a la economía, pero ahora sí, e impacta más a las inversiones privadas”. Por último, indica que estos problemas pueden persistir ya que “el problema de la política va a seguir impactando (a la economía) y también a las iniciativas de reformas. Esto puede afectar en la trayectoria macroeconómica y fiscal del soberano que está en BBB, así que puede impactar en la calificación”.

La encuesta efectuada por Ipsos en julio refleja un ligero incremento de la desaprobación de la gestión de la presidenta Boluarte (de 77% en junio a 79%) mientras que la del Congreso es todavía mayor y creciente (pasó de 81% a 85%, de un mes a otro). Tampoco el Poder Judicial ostenta un alto índice de aceptación ciudadana: su gestión es reprobada por 73% de los encuestados en julio, tres puntos porcentuales más que en el mes precedente. De otro lado, Latinobarómetro ha efectuado recientemente un estudio que refleja que el Perú es el país con mayor nivel de insatisfacción con la democracia, ya que 91% de personas sondeadas se encuentra “insatisfecho” o “muy insatisfecho” con este sistema político.

ANEXO 5

Sobre el pacto firmado entre CAPECO y la FTCCP, proponen lo siguiente:

• Descentralización del proceso de planificación territorial,así como la mejor articulación entre los mega-proyectos productivos y de infraestructura con los objetivos de desarrollo territorial y de bienestar de la población, mediante el fortalecimiento del CEPLAN y la conformación de unidades autónomas de planeamiento macro-regional.
• El impulso a la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda, especialmente social, y de equipamientos urbanos.
• La articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
• La adopción de un nuevo modelo de gestión de obras públicas que permita una adecuada priorización de inversiones y la introducción de mecanismos de contratación y control más eficientes y transparentes, así como un mejor desempeño de las infraestructuras y equipamientos durante toda su vida útil.
• El fortalecimiento de los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales.
• La puesta en marcha de una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
• El perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
• El incremento de ingresos municipales, especialmente del impuesto predial, mediante mecanismos más equitativos e incentivos para pagar obligaciones tributarias.
• El fomento de la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.
• La creación de espacios institucionalizados para un diálogo público-privado transparente y que permita la continuidad y el mejoramiento de políticas y planes estatales.

ANEXO 6

Sobre la formalización laboral y el fortalecimiento de la representación sindical, CAPECO y la FTCCP plantean:

• Reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para hacer mandatoria y no facultativa la conformación de Consejos Consultivos público-privados en los ministerios y Comités de Expertos en las principales entidades ejecutoras del gobierno nacional
• Modificar el Reglamento del Congreso de la República para que cada Comisión Parlamentaria cuente con grupos de trabajo, con participación del Poder Ejecutivo y entidades de la sociedad civil, para la discusión de iniciativas legislativas sobre políticas públicas
• Fortalecer las atribuciones de los Consejos de Coordinación Regional de los Gobiernos Regionales, así como una mayor participación de la sociedad civil organizada en dichos órganos consultivos, lo que exigiría una modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos nacionales
• Concederle rango constitucional al Acuerdo Nacional como instancia de consenso entre la sociedad del Estado y fortalecer su gestión aumentando su nivel de representación y otorgando a las entidades de la sociedad civil que lo integran, la facultad de proponer y solicitar iniciativas para la formalización o actualización de políticas públicas o para superar graves conflictos

ANEXO 7

La necesidad de impulsar la vivienda y el desarrollo urbano

La tendencia a la baja estaría marcando una ralentización de los niveles de colocación en los programas de vivienda social. Ello se debe fundamentalmente a (i) la insuficiencia de los recursos asignados a subsidios; (ii) el retraso de los valores de los subsidios y de los precios máximos de las viviendas sociales; (iii) el descubrimiento de casos de corrupción en la gestión del Fondo Mivivienda; y (iv) los conflictos de competencia entre el Ministerio de Vivienda y algunas municipalidades respecto a la generación de oferta de vivienda social. Los factores (i) y (ii) exigen decisiones políticas y presupuestales que ya no deben ser postergadas, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que no se ejecutarán unos 19 mil millones de soles de recursos para inversión pública asignados para el presente año y que en agosto se debe comenzar la discusión del Presupuesto General de la República para el próximo año. De otro lado, la red de corrupción que se instaló en el Fondo Mivivienda durante el gobierno de Pedro Castillo con el objetivo de orientar indebidamente la asignación de subsidios para el programa Techo Propio, ha mostrado debilidades específicas en el modelo de financiamiento otorgado directamente por los promotores de proyectos habitacionales. Este modelo surge por los bajísimos niveles de colocación de créditos por parte de las entidades financieras reguladas (bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales): actualmente solo una de cada trece compras de viviendas en Techo Propio se financia a través estas instituciones financieras.

Entendiendo que tomará tiempo lograr una participación significativa de tales instituciones en este segmento del mercado hipotecario, el financiamiento directo resulta indispensable en el corto y mediano plazo. Pero es indispensable establecer prácticas eficientes para reducir drásticamente el riesgo de corrupción. Se requiere contar con opiniones independientes y calificadas para la evaluación de los proyectos y de la solvencia de los promotores que se beneficiarán con la facultad de otorgar créditos y para determinar los alcances de los fideicomisos que deben constituirse para gestionar estos proyectos. Para ello, puede disponer que estas evaluaciones sean efectuadas por consultoras especializadas o a través de Comités que cuenten con uno o más miembros independientes. También debería tercerizarse el seguimiento a la gestión de los fideicomisos, pudiendo COFIDE cumplir con esa responsabilidad. También sería recomendable que dentro del Directorio de Mivivienda debería haber un miembro con experiencia en el tema fiduciario.

Una mención aparte merece la necesidad de encontrar una salida a los proyectos de vivienda comprendidos en casos de corrupción, que han recibido cerca de 148 millones de soles de recursos públicos y que han afectado a centenas de grupos familiares que fueron beneficiados con el acceso a una vivienda. El que todos estos proyectos se encuentren gestionados a través de fideicomisos debería facilitar su continuidad e, incluso, permitir al Estado cobrar las reparaciones civiles a las empresas que cometieron los graves actos de corrupción ya conocidos.

Como se ha señalado anteriormente, de manera progresiva, se tiene que modificar el diseño estratégico del Fondo Mivivienda, con el propósito de extender el crédito a segmentos actualmente poco atendidos, en particular aquellos conformados mayoritariamente por personas que perciben ingresos informales. Ello exige (i) adaptar los criterios de calificación crediticia a las condiciones laborales de estas personas; (ii) estimular el ahorro programado para vivienda; (iii) balancear los riesgos entre las instituciones financieras y el Estado; (iv) incrementar la participación de entidades de micro-financiamiento; (v) incentivar a los gobiernos locales y regionales a destinar recursos para subsidios habitacionales; y (vi) desarrollar intensas campañas de promoción y difusión de los programas que gestiona.

ANEXO 8

Sobre el fallo del Tribunal Constitucional y su alcance para VIS

El “Tribunal concluye que el Poder Ejecutivo, a través del MVCS, tiene la potestad de trazar las políticas públicas nacionales y sectoriales en asuntos de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano, propiedad urbana, entre otros”. Desde la creación del Ministerio de Vivienda, esta potestad como órgano rector se ha ejercido fundamentalmente a través de cuatro normas fundamentales:

• la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones – LRHUE, que establece los procedimientos administrativos que deben cumplir todas las entidades públicas, incluidas las municipalidades, para otorgar licencias y demás autorizaciones para la construcción de urbanizaciones y edificios en zonas urbanas.
• la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible – LDUS, que fija los procedimientos que deben seguir las municipalidades para la formulación de planes urbanos, la definición y alcances de parámetros urbanísticos y edificatorios y la gestión de suelo.
• el Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, que determina los parámetros para el diseño y construcción de urbanizaciones y edificaciones, siendo la norma técnica nacional que es de obligatorio cumplimiento para arquitectos, ingenieros, constructores, promotores inmobiliarios y entidades públicas, incluyendo las municipalidades.
• el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, que es la norma técnica complementaria al RNE que establece parámetros de diseño y construcción para viviendas de interés social.

“Es obligación de los municipios realizar su máximo esfuerzo técnico para facilitar la ejecución de los aludidos proyectos”, indica el TC. De acuerdo con esta posición, la fijación de áreas mínimas de departamentos, la excesiva dotación de estacionamientos, el establecimiento de requisitos administrativos adicionales a los dispuestos por ley o la paralización injustificada de obras constituyen obstáculos para la generación de oferta de vivienda social que las municipalidades no pueden implementar invocando su autonomía.

El TC ha sido claro en señalar que su sentencia “no alcanza a los actos que se hubiesen llevado a cabo en el pasado aplicando las normas cuya nulidad se ha declarado”. Aduce, entre otras razones, que “una declaración de nulidad de actos jurídicos indeterminados podría afectar derechos legítimos de terceros generados por el principio de la buena fe”. Indica además que “el análisis de validez de eventuales actos realizados al amparo de las normas declaradas nulas en este proceso competencial deberá realizarse caso por caso ante las instancias correspondientes, a la luz de los criterios establecidos en la presente sentencia, y tomando en consideración los derechos de terceros que se pudieran encontrar involucrados”. El Tribunal es muy específico en señalar que las disposiciones de su pronunciamiento no se pueden aplicar retroactivamente. El análisis que la autoridad debe efectuar “caso por caso” no implica que ésta tenga una atribución discrecional, puesto que no debe afectarse “derechos legítimos de terceros generados por el principio de la buena fe”.

Es indispensable que el Ministerio ponga en marcha un plan para incentivar la generación de oferta de vivienda social a nivel nacional, ello implicaría favorecer a los gobiernos locales que promuevan la producción habitacional formal en sus circunscripciones con: (i) apoyo técnico y financiero para la actualización de planes de desarrollo y catastros urbanos; (ii) prioridad en la ejecución de obras de agua, desagüe, pistas y veredas especialmente en zonas en las que se genere oferta de vivienda social; (iii) asignación de mayores montos de subsidios para vivienda, mejoramiento de barrios y titulación; (iv) asistencia técnica para la creación de programas municipales de vivienda y la modernización de sus oficinas de ingeniería; (v) apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proyectos de vivienda y equipamiento urbano sobre terrenos de propiedad municipal.