LO QUE NOS DEJÓ EL 2020

Por: Percy j. Paredes Villarreal

Todo sistema o modo de producción, para que sea sostenible a través del tiempo, tiene que contar con un modelo que le permita darle soporte. Este modelo tiene que articular los diferentes aspectos social, económico y político, etc., con la finalidad de construir un modelo de sociedad homogéneo que beneficie a un determinado sector social o clase social; para ello puede implementarse dentro de regímenes democráticos, dictatoriales o autoritarios (en estos últimos tiempos se han venido incorporando a una determinada constitución política); estos modelos no son duraderos, tienen un periodo de vigencia entrando en crisis, para luego  pasar a otro modelo y así sucesivamente.

A lo largo del último siglo y el actual, en nuestro país (que estamos próximo a celebrar su bicentenario) se han venido implementando modelos que en su mayoría han sido modelos importados de otros países, como también recomendado por organismos financieros internacionales (como: FMI, BID, BM, etc.); muy pocas veces se han aplicado modelos que nacieron y surgieron de la propia realidad nacional, como lo describió en una oportunidad José Carlos Mariátegui.

Estos modelos han  beneficiado a la clase dominante o empresarial, dejando en total abandono a los sectores medios y bajos, incrementando las desigualdades, el empobrecimiento y las inequidades sociales, políticas, económicas y culturales; entre los propios peruanos.

Muchos de los modelos implementados, han tenido líderes, voceros, representantes, partidos políticos que han llegado  al gobierno en forma democrática o mediante golpes de estado, adecuándose a los  acontecimientos internacionales. Como lo describió Francis Fukuyama en su libro “El Fin de la Historia…”, donde nos indica que anteriormente los regímenes democráticos no podían continuar con un modelo de desarrollo independiente y autónomo, porque eran impedidos mediante “Golpes de Estado”  a cargos de militares; de esa manera fracasaban los modelos diferentes a los predominantes; ahora a través de la democracia se pueden diseñar y ejecutar dichos lineamientos programáticos afines a un sistema político y económico predominante en el mundo.

Asimismo, podemos mencionar a Samuel Huntington, en su artículo titulado “El precio de la libertad”, manifiesta que la sostenibilidad de un modelo liberal debe contar con gobiernos fuertes y autoritarios,  de esa manera controlar y enfrentar a la población que es contraria al modelo impuesto.

Del mismo modo, Mario Vargas Llosa en su último libro “Tiempos Recios”,  describe  como la CIA generaba “Golpe de Estado” en países cuyos gobiernos elegidos democráticamente  buscaban construir un desarrollo alternativo al predominante.

Desde hace 30 años atrás, nuestro país no fue ajeno al cambio de modelo que fue impuesto por Fujimori, ya que veníamos de una gran crisis hiperinflacionaria que nos dejó Alan García y el Partido Aprista, convirtiéndose en una oportunidad para implementar el neoliberalismo.

Por lo que nuestro país   se adecuo a los cambios que el mundo comenzó a girar, fuimos incorporados al modelo neoliberal que predominaba en el mundo; ello generó un cambio estructural dentro del capitalismo, en los ideológico, político, económico, social, cultural, etc.

Han pasado cerca de tres décadas, cuyos resultados positivos que se tuvo en lo inmediato, beneficiando al sector empresarial recortándoles la satisfacción a las grandes mayorías que no se beneficiaron socioeconómicos, ni  calidad de vida, mucho menos  desarrollo humano, generando  disparidad y  desigualdades en la distribución de las riquezas. En la actualidad el modelo neoliberal se encuentra en crisis, cuyos actores y defensores están  tratando de resistirse al cambio.

El año pasado ha quedado demostrado que la reforma política, la lucha contra la pandemia y la ampliación de la Ley “Climper” por 10 años más, ha profundizado la crisis estructural que vive nuestro país; llevando a una agonización que amerita cambios profundos y no reformas, como se viene planteando en estos últimos días.

  1. Crisis Política:

Una de los principales problemas existente es la crisis política que se tiene desde años anteriores,  algunos nos hicieron creer que el problema era de reformar la política mediante el sistema de financiamiento, la paridad, la alternancia, la separación de candidatos que tengan denuncias en los ministerios públicos o hayan sido sentenciados, la inmunidad parlamentaria y otros factores más; cuando  ha quedado demostrado que la democracia representativa está en crisis y no genera credibilidad ni tampoco confianza en la ciudadanía. Por lo tanto, urge crear un nuevo modelo de democracia  más participativa, más transparente.

Actualmente la clase política es mediocre, debido a que los partidos políticos adolecen de una serie de roles y compromisos como: a) la elaboración de un programa político,  b) cuadros políticos que no están capacitados, c) políticos que no están en la capacidad de poder debatir y proponer propuestas alturadas, d) frente a diversos problemas existentes en nuestro país los partidos políticos no tienen planteamientos concretos.

Los diversos acontecimientos políticos que hemos vivido y presenciado en el 2020, pocos han sido los partidos políticos que se han pronunciado; lo han hecho en forma individual, y no como organización política. Demostrando la falta de coherencia y debate interno.

Asimismo, el año pasado hemos visto y observado  conflictos y enfrentamientos entre el legislativo y ejecutivo,  demostrando una lucha de interés y  control del poder, antes que una discusión por mejorar la situación política en ambos sectores y los propios protagonistas, que representan al mismo sector político de derecha. Es decir se antepuso el interés personal o apetito particular, que los grandes desafíos nacionales.

Esto se ha podido reflejar desde inicios del gobierno conservador de PPK,  que no pudo obtener mayoría en el parlamento para poder sostenerse como gobierno; ya que la ultraderecha  fujimoristas obtuvieron el control absoluto del parlamento poniéndolo de rodillas a Pedro Pablo, que ante una serie de denuncias relacionado a supuestos delitos de corrupción tuvo que renunciar. Siendo reemplazado por su primer vicepresidente, que en un primer momento trató de acercarse a los seguidores de Keiko en el legislativo, pero al darse cuenta del interés que buscaban  se apartó enfrentándose directamente al parlamento, llegando al extremo de cerrarlo en los momentos más confrontacionales y convocando a nuevas elecciones  parlamentaria; de esa manera asume un liderazgo de cambio recibiendo el apoyo de la ciudadanía.

En un primer momento se veía como un error del presidente Vizcarra no presentar partido en las elecciones complementarias; pero conforme iba avanzando, se comenzó a observar cual era la estrategia del gobernante, que también contaba con antecedentes que fueron denunciados por sus socios con respecto a malos manejos realizados cuando fue Gobernador Regional de Moquegua.

Eso llevó a que el nuevo parlamento constituido actuó diferente al anterior, mediante acciones y medidas superficiales sin ir al fondo de los problemas;  siendo catalogado como el más mediocre que el depuesto. El objetivo del nuevo legislativo  fue desestabilizar al gobierno mediante la aprobación de cuestionables normas; y lo segundo era vacar al gobierno de Vizcarra. Para ello, buscaron algún pretexto para hacerlo, lográndolo en el segundo intento sin considerar la normatividad ni la opinión del Tribunal Constitucional, transgrediendo en todo momento la Constitución Política.

El golpe del legislativo al ejecutivo, demostró el retorno de la ultraderecha optando por un  apetito e interés particular de llegar al gobierno nacional para detener los avances hechos en diversos aspectos como la extinción de las universidades bambas, impedir la  lucha contra la corrupción, prorrogar el proceso electoral que se estaba iniciando, entre otras medidas.

Lo  que nunca pensaron fue la actitud y decisión de la ciudadanía que se encontraba asqueada de lo que veían, como el  comportamiento y actitudes de los parlamentarios que hacían a nombre de la democracia. El golpe perpetrado por el Congreso de la República hacia el Ejecutivo, fue un pretexto para que la ciudadanía expresara su repudio y cuestionamiento a la manera de cómo se conducía al país y a la corrupción existente en las diversas esferas del Estado.

Estas movilizaciones contra el gobierno interino de Manuel Merino, trajeron como consecuencia la muerte de dos jóvenes por parte de la policía nacional, varios heridos, la desaparición de algunos estudiantes universitarios que salieron a protestar, y la violación sexual a una joven por parte de las fuerzas del orden. Logrando la renuncia de de Merino, eligiendo a Sagasti que en su discurso de asunción de cargo dijo que se iba a investigar, pero hasta la fecha no hay nada.

De esa manera pudimos notar un retroceso por parte de la clase y los partidos políticos que forman parte del hemiciclo que no tiene criterio, ni tampoco un horizonte hacia donde direccionar sus objetivos. Sin reconocer ninguna mea culpa, ni tampoco pedir disculpas por las barbaridades cometidas.

Las leyes aprobadas por el legislativo, han demostrado que las medidas tomadas son superficiales, cuando los problemas son de fondo y no de forma; pero a la vez demuestra la crisis política estructural que venimos observando dentro de este sector.

Por lo que, se pudo notar y  demostrar que la reforma política debe ser reemplazado por una reforma estructural del Estado, de la Política, reemplazando  el Estado fallido con uno más democrático, transparente y participativo.

  1. La Pandemia demostró la precariedad de la salud en el país:

A fines del año 2019, en la provincia de Wuhan China, apareció un virus que en poco tiempo se expandió por todo el mundo; llegando a nuestro país el 6 de marzo del 2020. Este problema sanitario conllevo a que el gobierno central dispusiera el día lunes 16 del mismo mes la declaratoria de “Estado de Emergencia Sanitaria” y el aislamiento de la población en sus hogares, por 15 días; pero conforme iba avanzando los días se fue incrementando la cantidad de contagiados y fallecidos. Ampliando la normatividad quincenalmente manteniéndolo hasta la actualidad; mientras que el asilamiento hasta fines del mes de julio, y la reactivación de la economía mediante fases.

A nivel de Sudamérica  el gobierno de Vizcarra, fue uno de los que se adelantó a una serie de medidas y acciones para impedir el alto índice de contagiados y fallecidos; la realidad demostró  lo contrario  trayendo graves consecuencias económicas y de salubridad. De esa manera quedó demostrado que tanto las medidas tomadas por el ejecutivo, y las acciones realizada por parte del Ministerio de Salud, demostraron  una serie de problemas estructurales que impidieron controlar el incremento de los contagios y fallecidos, que actualmente supera el millón de infectados y más de 37 mil fallecidos.

La  falta de atención hospitalaria no fue lo suficiente; ya que para cerca de 30 millones de peruanos, solamente se tuvo 100 camas UCI y 1,000 camas hospitalarias, conforme iba pasando los días se comenzaron a incrementar cuya meta en el mediano plazo es contar con 10 mil camas hospitalarias y 2000 camas UCI. Demostrando una deficiencia hospitalaria que viene desde hace 30 años periodo del boom económico en el país que nunca se preocupó por la salud pública.

La carencia de una estrategia preventiva promocional, llevó a priorizar acciones relacionado a las atenciones hospitalarias, cerrando los centros de atención primaria concentrándose en el redoblamiento de la atención en los centros hospitalarios, cuando debería haberse realizado al contrario. Todo ello implicó que los nosocomios sean saturado con la presencia de pacientes, que iban ingresando falleciendo; debido a la falta de personal de salud, de la precaria situación de la infraestructura, de la falta de medios y materiales tecnológicos, pocas camas, como también medicamentos (como oxígenos) apropiados para enfrentar al virus.

Este proceso de incremento de personas infectadas sin tener conocimiento o haber recibido alguna orientación y sensibilización en el aspecto preventivo, como: a) el uso adecuado de la mascarilla, b) el  distanciamiento de más de un metro entre personas, y c) el  lavado de las manos permanentemente; no tuvieron eco en la población, siendo desacatado por la gran mayoría de los ciudadanos, que no creyeron en la presencia del covid-19. Hasta que recién pudieron comprobarlo cuando caía contagiado  algún familiar, era internado o había fallecido.

A la vez, la implementación de las pruebas serológicas, que en lugar de pronosticar una acción preventiva, se convirtió en un engaño, implicando que muchas personas creyeran que no tenían el contagio pero a los pocos días fallecían por tener la pandemia.

La monopolización del oxígeno en los hospitales, por parte de dos empresas encargadas de abastecerlo trayendo como consecuencia el desabastecimiento en algunos lugares del país; además del cobro exabrupto de las clínicas privadas encargadas de atender a pacientes por COVID-19; demostraron la falta de sensibilización humano, convirtiéndolo en un negocio redondo. Del mismo modo sucedió con la atención de las clínicas privadas que aprovecharon cobrar excesivamente a las personas que acudían a realizarse la prueba molecular o rápida, a pesar que el Ministerio de Salud les realizaba el servicio gratuito.

De esa manera quedo demostrado que el crecimiento económico que vivimos debería haber implicado el mejoramiento y modernización de la atención hospitalaria y sanitaria; por el contrario, hemos presenciado una precariedad en la salud pública debido a los bajos sueldos y salarios del personal, la falta de infraestructura hospitalaria adecuada, los instrumentos y herramientas tecnológicas en decadencia, y lo más importante el desinterés del Estado por la investigación científica en este sector. Además de otras deficiencias existentes en este sector; donde el Estado y los diversos gobiernos de turno le restaron importancia y voluntad  en modernizarlos, recortándole  presupuesto.

Por lo tanto, la situación de la salud pasa por un cambio estructural del sistema sanitario en el país, y no tan solo por una reforma o unificación de los sectores públicos y privados de la  salud, como se quiere hacernos creer.

  1. La crisis económica y su situación precaria de las familias:

La crisis sanitaria ha dejado mal parado al crecimiento económico y al modelo de desarrollo neoliberal,  que priorizo las actividades primario exportador cuyo sector solamente aporta con el 2% al PBI; mientras que el resto fueron relegados a segundo plano, bajo el argumento que el Perú es un país netamente minero.

 

Esta pandemia nos ha dado una radiografía laboral donde el 70% de la población se dedica a las actividades informales, preferente en las actividades terciarias y de servicios; impidiendo el incremento y apertura de  actividades en otros sectores que son la base fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, la población se ha dedicado mayoritariamente a las actividades de servicios de carácter informal.

 

Esta situación económica ha permitido la ampliación de las brechas de desigualdades económicas, donde el Estado neoliberal ha permitido mantener este distanciamiento social y económico entre sectores laborales y de producción; cuyas consecuencias en esta coyuntura, lo está teniendo las medianas y pequeñas empresas que ante la restricción laboral y económica, y el poco apoyo e incentivo por parte del gobierno central, se han visto perjudicado cerrando o declarándose en quiebra por culpa de la pandemia.

 

En esta coyuntura de pandemia, el Estado ha gestionado el apoyo con 60 millones de soles para los empresarios, mientras que para la población les ha asignado subvenciones de 750 soles a cerca de 6 millones de jefes de familia. Por lo que, encontramos una diferencia abismal respecto al apoyo para ambos sectores.

 

Además, se ha notado la deficiencia en la entrega de los bonos a las beneficiarias que ha traído como consecuencia el incremento de los contagios en estos sectores sociales;  estas personas acudían a los bancos a retirar el bono debido a que necesitaban de este incentivo económico para poder subsistir. Ya que debido al impedimento de realizar actividades laborales formales e informales, muchas de estas personas realizaban grandes colas sin tomar en cuenta el distanciamiento y el uso de la mascarilla; contagiándose del virus.

 

Durante esta etapa de pandemia, se han recortado el funcionamiento de los diferentes tipos de actividades laborales, solamente han seguido funcionando rubros de minería, agroindustria, y servicios como: mercados, bancarización y farmacias. El resto fue paralizado totalmente por un determinado tiempo impidiendo su funcionamiento; generando desocupación y recorte de contratos a muchos trabajadores, que han pasado a convertirse en desocupados.

 

De esa manera se ha incrementado el desempleo y la desocupación en nuestro país,  implicando consecuencias insostenibles; por lo tanto, urge reestructurar un modelo económico alternativo al estractivismo y al primario exportador,  posibilitando el sostenimiento económico de otros sectores que han sido abandonados por los diversos gobiernos y sectores.

 

Eso pasa por modificar el capítulo económico de la Constitución Política incorporando la diversificación y ampliación de otros modelos de gestión empresarial, incluyendo al sector cooperativo o asociativo y al Estado; considerándolo no tan solo como ente promotor también de generar empresas dentro de los rubros donde el sector privado no se encuentran interesado o en capacidad de poder ingresar o reactivar la economía, dentro de los rubros ausentes por el sector privado.

 

Y por último es importante indicar la falta de coherencia entre lo que está en la constitución y lo que se hace. Es decir la Constitución habla de una presencia importante de la economía social de mercado, pero en la práctica lo que se ha visto y se viene actuado dentro de un modelo de economía de mercado. Allí tenemos las funestas consecuencias que estamos viviendo bajo un modelo que se encuentra en proceso de caducidad.

 

  1. El surgimiento de las luchas reivindicacioncitas:

Desde los inicios de los 90 del siglo pasado, los grupos dominantes han venido satanizando las protestas, las marchas y los cuestionamientos a una serie de actos promovidos por los sectores sociales contrarios a los  actos de corrupción, explotación y control del poder; estas críticas lo  realizan mediante mensajes vinculados  al temor, el “terruqueo” y otras declaraciones cuyo objetivo es  atemorizar a la ciudadanía.

Conforme iba pasando el tiempo el modelo se volvía más insostenible, debido a las acciones de corrupción y explotación laboral. El descontento y el temor se fueron perdiendo generando movilizaciones contra el modelo y los representantes que tienen el control de esta.

A partir de ello, las movilizaciones sociales, políticas y laborales contra la clase política,  la corrupción, y la explotación laboral en el  sector agroindustrial, no se han dejado esperar; estas protestas han servido para demostrar la precariedad laboral en que trabajan los peruanos; el enriquecimiento exorbitante de los empresarios a costa de las deficientes atenciones y la falta de valoración  a los que la producen.

Particularmente, encontramos que el neoliberalismo en el país ha fomentado la concentración de tierras en pocas manos, expandiéndose abruptamente con el consentimiento de las autoridades  que aceptaron, sin considerar la normativa que impide la creación del latifundismo.

De esa manera hemos podido ver que los grandes proyectos de irrigación en nuestro país están beneficiando a los propietarios de grandes extensiones de tierra, perjudicando a los medianos y pequeños minifundistas, como también a la familia agrícola, que solamente cuenta con  terrenos menores a 1 ha., logrando subsistir, sin contar con el apoyo o asistencia técnica por parte del Estado para mejorar su actividad agrícola. Muchos de ellos,  han preferido vender sus tierras a los grandes propietarios.

Paralelo a ello, el Estado les ha brindado a estos latifundista agrícolas una serie de beneficios económicos, como por ejemplo la exoneración del pago de impuestos, comparativamente diferente a los mediano y pequeños agricultores que pocas veces han recibido un apoyo o asistencia técnica de las instituciones públicas; mientras que los jornaleros siguen siendo los más perjudicados que han venido trabajando en situación de precariedad conjuntamente con sueldos pírricos, que ni siquiera cubrían sus principales necesidades básicas.

Esto ha implicado que este sector obrero levante su voz de protesta y cuestione este sistema de explotación; alertando a la clase dominantes que sus trabajadores están despertando de este letargo y que ahora claman justicia y una vida digna.

La presencia de los latifundios en diversos territorios, ha demostrado la precariedad de los servicios públicos que se han venido brindando, como también las disparidades en el desarrollo de las localidades; generando caos en los diversos aspectos del crecimiento poblacional y desarrollo urbano.

Además, encontramos la incapacidad del legislativo de poder dar una nueva ley agraria en beneficio de los trabajadores,  reforzando y fortaleciendo a la  anterior norma y a los grandes empresarios que en todo momento se han beneficiado de las bondades neoliberales.

Esta nueva normatividad no ha resuelto los problemas económicos y laborales;  ni tampoco los  territoriales y poblacionales. Por lo tanto, los trabajadores agrícolas siguen en pie de lucha que busca un mejoramiento de su calidad de vida.

A modo de Conclusión:

Todo ello demuestra que los problemas descritos no pasan por reformas, sino cambios estructurales que la ciudadanía está entendiendo y tomando conciencia de la importancia de una nueva clase política, una nueva Constitución y un nuevo modelo de desarrollo más humanos, participativo y democrático.

Foto: salvadorpaiz.com

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