Inseguridad ciudadana, terminar Palo Redondo e inicio del año escolar seguro
- El GRLL destinó este año S/ 14 millones para el mantenimiento y mejoramiento de las I.E. que necesitan ser intervenidas.
El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, señaló que tres grandes problemas le vienen quitando el sueño y no lo dejan dormir bien: el inicio del año escolar seguro, los crecientes índices de delitos y homicidios, y terminar la presa Palo Redondo del proyecto Chavimochic.
Respecto al inicio de clases para el 7 de marzo, indicó que esperaba que con las clases presenciales o semipresenciales se empiece a recuperar esos dos años perdidos por la educación a distancia debido a la pandemia.
La Libertad tiene 5,800 instituciones educativas y 4,720 corresponden al sector público, estimándose que un 30% necesitan ser intervenidas para permitir clases seguras. Esto se hará elaborando fichas técnicas para sacarlas adelante como IOARR, con el control concurrente de la Contraloría. “Este es el primer proyecto de esta naturaleza a nivel de gobiernos regionales en el país”, precisó Llempén en radio Exitosa.
Este año estamos destinando un presupuesto de S/ 14 millones para dar mantenimiento a servicios higiénicos, aulas, carpetas, entre otros, y esa cifra podría incrementarse considerando que las instituciones educativas no van a recibir presupuesto para la mejora de su infraestructura debido a los recortes que viene haciendo el Gobierno Nacional por los gastos hechos durante la pandemia, explicó.
“Este año intervendremos un paquete de escuelas a través de IOAAR. Son locales, especialmente de la sierra, a los que se les va a dotar con agua y otros servicios”, dijo.
El tema de la educación virtual no tuvo la eficiencia que se esperaba, por los problemas de internet. Estamos trabajando, además, en un cambio de la currícula educativa regional para mejorar temas como comprensión lectora y conocimientos lógico matemático, lo que será evaluado trimestralmente para ver la calidad de la enseñanza regional.
INSEGURIDAD CIUDADANA
Es increíble conocer que de 204 homicidios ocurridos el año pasado solo dos se hayan resuelto. Es urgente que se formen fiscalías y juzgados especializados en bandas criminales, con juicios sumarios y que estos tengan una reglamentación especial. Proliferan las bandas criminales, trata de personas, tráfico de tierras, minería ilegal y narcotráfico, señaló Llempén.
Pidió luego que se instalen juzgados especiales para el robo callejero con armas de fuego, que es lo que tiene mayor incidencia y está incrementando la sensación de inseguridad; y juicios sumarios para los delitos menores. Me reuní con la presidenta del Poder Judicial y ella aceptó lo que planteamos y dijo que iba a trabajar en eso con sus asesores.
“Invitaré a los ministros del interior y de Justicia a Trujillo para escuchar sobre estas acciones para que esto se dé lo antes posible”, remarcó.
Por la creciente inseguridad ciudadana estamos insistiendo en que se dicte una emergencia nacional con medidas similares a lo que se está haciendo por la pandemia, expresó, luego responsabilizando al ministro del Interior por los homicidios que pueden seguir ocurriendo al no atender la declaratoria de emergencia.
Desde noviembre del año pasado estoy pidiendo la emergencia. Nos hemos reunido tres veces con el ministro, la última vez con el alcalde de Trujillo, e insistimos en la declaratoria y nos dijeron que pensaban hacerla para la provincia de Trujillo, pero, ¿qué pasaba si las bandas se trasladaban a Chicama o Virú?.
Por eso planteamos y pedimos que se aplique una emergencia nacional similar a la de la pandemia por la copvid-19 por esta inseguridad creciente que se vive en todo el país. Se podría declarar a las provincias de Callao y Trujillo en el nivel extremo y a las demás en riesgo alto o moderado, de acuerdo a sus niveles de delincuencia, explicó seguidamente.
La emergencia debe venir acompañada de un plan operativo ad hoc, con presupuesto y el envío de personal de inteligencia para que se pueda hacer un buen trabajo a corto plazo. Estamos viviendo en condiciones alarmantes de inseguridad. Los medios de comunicación deben ayudar a exigir ante el Gobierno central la declaratoria de la emergencia, añadió.
Llempén también se refirió a la necesidad que el Ejército salga a las calles en acciones de patrullaje disuasivo o dando seguridad a establecimientos y obras públicas, donde las extorsiones están obligando a la paralización de proyectos.
El Ejército ha demostrado durante el proceso de vacunación en La Libertad que su presencia en las calles es muy importante y la ciudadanía lo ha reconocido así al verlos en los centros de vacunación.
PALO REDONDO
He pedido el reinicio y culminación de la presa Palo Redondo lo más pronto posible. Hemos propuesto que el proceso de concesión durante 20 años no vaya más, pero que terminen la presa, que es la parte más importante del proyecto. Eso va a garantizar una agenda sostenible para la agroexportación.
La autoridad regional sostuvo que el plazo para el resultado del arbitraje terminó en diciembre último y que el resultado podría salir cualquiera de estos días, pero que entre tanto aún se podría terminar lo que falta de la presa con la concesionaria. De lo contrario, se tendrá que acatar lo que diga el laudo arbitral.
Lo que quiere el Gobierno Central es que salga el laudo arbitral, para evitarse problemas posteriores, pero al salir el laudo automáticamente se termina el contrato. Hasta antes que salga el resultado se puede hacer que la concedente termine la presa. Caso contrario, otra empresa debe terminarla, necesitando un año para elaborar el expediente y otros tres años para hacer la obra.
“Si en Lima adoptan la decisión y devuelven el proyecto con acompañamiento de la Contraloría, inmediatamente entramos a pedir a la empresa concesionaria que termine la presa. Su compromiso es hacerla en un año y el mío es asumir esa responsabilidad si se cuenta con el acompañamiento de la Contraloría”, puntualizó.
Hay 240 millones de dólares invertidos en esta parte del proyecto que se pueden perder si no se termina la presa. Hay 120 mil nuevos puestos de trabajo con las 30 mil nuevas hectáreas que entrarían en funcionamiento gracias a la presa. Ahora, con las 27 mil has en uso, se está produciendo ventas por 1,500 millones de dólares al año.
“Cada año que pasa el río Santa trae menos agua. Este es el momento en que el país necesita reactivarse y obtener euros y dólares por agroexportacion”, expresó Llempén.