Inician proceso sancionador contra los dos más grandes mineros ilegales en el cerro El Toro

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Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad  dispuso medidas por incumplimiento de normas ambientales y poner en riesgo a sus trabajadores.  Además, ordenó la paralización inmediata de las actividades de una de las operaciones mineras ilegales.

Huamachuco, 15 de noviembre. La Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad inició Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) contra los dueños de las dos más grandes operaciones mineras ilegales en el cerro El Toro que durante años causan la destrucción del medioambiente y ponen en riesgo la salud de sus trabajadores  y de los caseríos de esta parte de la provincia de Sánchez Carrión.

El ente regional, a través de las resoluciones N.° 019-2020 GRLL-GGR/GREMH-RFAN y   N.° 021-2020 GRLL-GGR/GREMH-RFAN,  dispuso establecer estas medidas  contra el líder evangélico, Guzmán Oswaldo Alva Polo,  propietario de la planta de Procesamiento de Minerales Auríferos Alva; y contra Jorge Espejo Moreno, gerente de Minerals Doña Julia S.A.C, por presuntamente haber incurrido en una serie de infracciones a las normas ambientales,  seguridad y salud ocupacional.

Además, ordenó una medida cautelar previa de suspensión inmediata de todas las actividades mineras que viene desarrollando Minerals Doña Julia S.A.C hasta que concluya el proceso sancionador en su contra.

Según los informes,  las inspecciones realizadas por las autoridades ha permitido constatar “in situ” que, a la fecha,  el pastor Alva Polo y  Espejo Moreno vienen realizando actividades mineras de beneficio de minerales metálicos poniendo en riesgo no solamente el medioambiente, sino la vida de sus trabajadores;  incumpliendo, de esta manera, con las obligaciones  y responsabilidades  ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

Las graves observaciones plasmadas en los informes respectivos revelan que  la planta del líder religioso, quien  fue excluido del Reinfo,  no cuenta con las medidas de seguridad, ni señalización de riesgos. Por si fuera poco, se evidenció derrames de sustancias químicas y los residuos sólidos, como los relaves,  no son almacenados en los depósitos correspondientes, además no tienen las mínimas medidas  de seguridad para el cuidado del medioambiente exponiendo a su personal.

De igual forma, en la operación Minerals Doña Julia S. A.C se verificó que no cuenta con un sistema adecuado de eliminación de residuos sólidos. Los desmontes, aguas ácidas,  como el depósito de relaves están expuestos  en infraestructuras precarias y no tiene el mínimo cuidado del medioambiente y no  garantizan la  seguridad de los trabajadores.

A eso se le añade, según el informe, que la operación minera no cuenta con las señalizaciones correspondientes y los trabajadores no tienen equipos de protección. Tiene más de 20 trabajadores y no cuentan con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Advierten, además,  que realiza exploración minera mediante  socavón, lo cual es muy peligroso, debido a que en la parte superior se viene realizando la explotación a tajo abierto, lo cual estaría generando gases tóxicos a consecuencia de las explosiones.

La Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad  dispuso otorgar un plazo de 15 días a los investigados. En los documentos, también se indica se ponga de conocimiento a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de La Libertad, Ministerio del Interior y Comisaría de Huamachuco, a fin de que estas entidades actúen de acuerdo a las competencias, en caso de detectar el desarrollo de actividad minera ilegal.

Las autoridades y  población de Shiracmaca, en conjunto, rechazaron las acciones de los mineros ilegales de generar conflictos. Expresaron su rechazo a las actividades ilegales de Jorge Espejo, Guillermo Gonzáles y del líder religioso Osvaldo Alva y su sobrino Delmer Alva.

Nota. La finalidad del Procesamiento Administrativo Sancionador  es investigar, verificar y sancionar  e identificar aquellos sujetos que infrinjan las disposiciones administrativas e imponer las sanciones que la ley establezca para dicha infracción. Las sanciones varían desde 1 UIT hasta los 25 UIT  de acuerdo a la gravedad de la infracción de las normas.

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