La Defensoría del Pueblo se pronunció mediante un comunicado en el que enfatiza que el presidente electo Pedro Castillo tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos relacionados a este flagelo.
“Para la Defensoría del Pueblo, la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”, enfatizó.
Además, resaltó que el artículo 110° de la Constitución Política señala que el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación, por lo que le corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción, que genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, tal como lo ha expresado la Contraloría General de la República.
