Aseguran que ocupaban esas tierras antes de la creación del área protegida. El Sernanp sostiene que las zonas intervenidas estaban ocupadas ilegalmente.
Trujillo.- Un grupo de pobladores de la comunidad de Collayguida, en Santiago de Chuco, llegó hasta la Plaza de Armas de Trujillo para denunciar lo que consideran un desalojo injusto dentro del Santuario Nacional de Calipuy. Lo hicieron junto a su abogado y con documentos que, según afirman, prueban que usaban esos terrenos antes de que se creara el santuario y la reserva nacional.
Los pobladores señalan que el Estado ha venido ejecutando desalojos en los últimos días y que estos podrían continuar.
Los papeles que mostraron datan de entre 1965 y 1969, época en que las tierras pertenecían a la Hacienda Calipuy. El más antiguo es un certificado de ocupación permanente y trabajo directo, emitido por el teniente gobernador del cercado de Calipuy el 29 de enero de 1965 al amparo de la Ley de Reforma Agraria. El documento indica que Manuel Antonio Santiago Aguilar vivía en la parcela conocida como La Poza del Gentil y las Pampas Las Lajas, donde trabajaba la tierra sembrando productos de pan llevar.
Otro documento, del 14 de mayo de 1966, es una autorización de la administración de la hacienda para que Santiago Aguilar usara esos terrenos hasta que se midieran o se aplicara la Ley de Reforma Agraria. El texto precisa que el arrendamiento corría desde septiembre de 1965 y que se le señalaría lo que debía pagar más adelante.
Los pobladores también presentaron un recibo de Ganadera Calipuy S.A. fechado el 9 de noviembre de 1968, por 376 soles oro, pagados por el arrendamiento de tierras y pastos vencido el 30 de septiembre de ese año. El último papel es un contrato de octubre de 1969, por el cual la hacienda arrendaba por un año los pastos naturales para la crianza de ganado en la majada Las Lajas.
Los documentos, tal como fueron mostrados, nombran a una sola persona y hablan de arrendamiento y autorización de uso, no de títulos de propiedad. Tampoco mencionan a Collayguida de manera expresa. La vinculación con esa comunidad es la que plantean los pobladores y su defensa.
La posición del Estado
El Estado intervino en el sector Collayguida por disposición del Juzgado de Santiago de Chuco. La diligencia contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Según el Sernanp, las áreas recuperadas estaban ocupadas de forma ilegal. La entidad indicó que se había cambiado el uso del suelo y que zonas de vegetación natural se habían convertido en terrenos de cultivo, lo que afectaba los ecosistemas del santuario. Collayguida, añadió, es una zona de regulación hídrica que ayuda a captar y proveer agua a comunidades y actividades productivas del entorno.
Este medio no ha podido verificar el contenido completo del proceso judicial ni la autenticidad de los documentos presentados.
