“Si los regidores votan por la suspensión, no voy a apelar”

Declaró alcalde Daniel Marcelo.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, en entrevista con RPP, se mostró sorprendido por la decisión tomada por la primera y segunda Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, sin embargo explicó que viene manejando todo mediante el debido procedimiento legal, por lo cual aclaró no estar aferrándose al cargo, sino que -por el contrario- sigue trabajando hasta que la instancia pertinente dé a conocer al nuevo alcalde.

“Sorprende la injustica. Creo que ha habido un exceso por parte de la primera y luego la segunda sala, pues no ameritaba una sentencia por todo lo presentado en el proceso [argumentos que no lo involucran]. Si hubiera querido imponerse alguna sanción sería por temas administrativos, ya que nunca hubo dolo, ni desembolsos”, expresó el burgomaestre.

Asimismo, recordó que, a junio de 2012, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) reportaba 52 homicidios en La Esperanza, motivo por el cual se reunió con el presidente de la República, acordando pedir estado de emergencia para este distrito.

Sostuvo que cerca de esta fecha, entre julio y agosto, ya tenían el ofrecimiento de la empresa de taxis que quería donar los bloqueadores, a razón de que estaban siendo extorsionados.

“Me dijeron que querían colaborar, pero querían que se haga con la participación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), porque la instalación debía ser en el penal”, dijo.

Indicó también que, al encontrar una barrera legal que no permitía la instalación, se reunió con el premier, el ministro de Justicia y el ministro de Transportes, logrando, con el esfuerzo de todos, se rompa este impedimento.

“En setiembre del mismo 2012 salió un decreto supremo que permitía el uso de equipos inhibidores de señales radioeléctricas de los servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios”, añadió.

Finalmente, al averiguar que la empresa donadora estaba siendo acusada de tráfico de armas, más una serie de denuncias, se resolvió el contrato.

“No iba a permitir que eso continúe y anulamos todo, pruebas que presentamos, pero ni el fiscal ni los jueces lo han tomado en cuenta”, manifestó.

Asimismo, destacó que al final, los regidores votarán por la suspensión o no suspensión, pero que si lo que se concluye no es favorable para él, no iba a apelar.

“No me quiero aferrar al cargo, como lo dicen algunos titulares, voy a estar en la alcaldía hasta que la última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones, lo determine. Tengo 30 días hábiles para armar mi defensa, alcanzarla al Concejo y programar la fecha para la Sesión Extraordinaria, donde, finalmente, se definirá todo”.

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