El Poder Judicial ha dictado cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, una decisión que marca un nuevo capítulo en los prolongados procesos judiciales que enfrenta. La medida, ordenada por el juez Jorge Chávez Tamariz, se sustenta en los casos de presunta corrupción relacionados con su gestión como gobernador regional de Moquegua: el proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
La resolución judicial se basa en la solicitud de la Fiscalía, que argumentó la existencia de un riesgo de fuga y un comportamiento procesal cuestionable por parte del exmandatario. Chávez Tamariz consideró que las pruebas presentadas por el fiscal Germán Juárez Atoche eran suficientes para sustentar el pedido, lo que llevó a la detención inmediata de Vizcarra tras la audiencia. Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será el encargado de determinar el centro de reclusión donde cumplirá esta medida.
Este dictamen surge después de que, en julio, una sala de apelaciones anulara una resolución anterior que había rechazado la prisión preventiva, ordenando a un nuevo juez reevaluar el caso. La Fiscalía sostiene que, durante su periodo como gobernador de Moquegua, Vizcarra habría recibido la suma de 2.3 millones de soles en sobornos a cambio de la adjudicación de los proyectos mencionados. Estos pagos ilícitos habrían sido realizados por empresas constructoras que buscaban asegurar los contratos, lo que configura el presunto delito de cohecho pasivo propio.
La situación de Vizcarra no solo resalta la complejidad de los casos de corrupción en el Perú, sino que también subraya la importancia de la independencia del Poder Judicial en la lucha contra estos delitos. La decisión de hoy genera un debate público sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de rendición de cuentas. Por su parte, la defensa de Vizcarra ha anunciado que apelará la decisión, alegando que no existen pruebas contundentes que justifiquen una medida tan drástica como la privación de la libertad.
Este caso, que ha captado la atención nacional e internacional, es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia peruano al investigar y sancionar a exautoridades de alto rango. La prisión preventiva, aunque no es una sentencia definitiva, es una herramienta legal que busca asegurar la presencia del acusado durante el proceso penal. El fiscal Juárez Atoche ha solicitado una pena de 15 años de prisión para el exmandatario. La sociedad peruana sigue de cerca el desarrollo de este caso, con la expectativa de que se haga justicia y se siente un precedente importante en la lucha contra la impunidad.
