Juicios contra bandas se anularían por dudas en calidad de pericias

El abogado penalista, Edwin Bustamante Montalvo, se pronunció con respecto a la situación de los peritos fonéticos del Ministerio Público acusados de falsificar documentos para ingresar a trabajar en esa entidad. Adelantó que en los próximos días presentará una denuncia para que se anulen las pericias que estos profesionales han realizado en el caso de las organizaciones criminales en La Libertad, pues estas generan dudas en vista de esta situación.
“La veracidad de la información es tan importante para desarrollar nuestras actividades, en todo nivel, que ha sido convertida por el legislador nacional en un bien jurídico digno de protección, pues no podemos desarrollarnos falseando datos, cualquiera que fuere. Es más, su importancia ha sido inicialmente reconocida y fijada como el octavo mandamiento en la Ley Divina, no dirás falso testimonio ni mentiras”, señaló el jurista.

Bustamante dijo que en el caso de los peritos Oscar Aníbal Estela Campos y Carlos Enrique Quiche Surichaqui, es uno típico caso de delito contra la fe pública en varias de sus modalidades, pues sí para postular se requiere contar con experiencia, presentar título falso es reprochable penalmente.

“Una vez producido la elección y nombramiento de estas dos postulantes, que han logrado acceder a la plaza, tienen la autorización y habilitación para ejercer el cargo y realizar las pericias de homologación de voz, cómo ha sucedido en el caso de los cuellos blancos, los pulpos, dragones rojos, etc.; es decir, asumen la condición de auxiliares de justicia que además de los deberes de veracidad que tienen cómo profesionales, asumen el deber procesal de decir la verdad en juicio, dentro lo cual está la obligación de indicar su experiencia, su acreditación profesional y certificación”, puntualizó.
En ese sentidi, remarcó que faltar a los deberes de veracidad que como auxiliar de justicia asumen desde su nombramiento en un proceso está considerado como delito contra la función jurisdiccional previsto en el Código Penal Vigente. “La violación a sus deberes de veracidad en juicio estando cuestionada ya, desde la violación de sus deberes generales como postulante, está más que acreditada y merece sanción penal”, añadió.

En ese sentido, Bustamante manifestó que en lo que respecta a la validez de la información pericial brindada en juicio corre con la misma suerte, pues si falsearon su experiencia en materia de peritación, es falsa la información con la que en algunos casos los magistrados encargados de llevar adelante el juzgamiento han fundamentado sus decisiones, lo que exige no solo denunciar penalmente por su examen a nivel de juzgamiento, sustentado en falsedad, sino que es necesario anular esa decisiones que han afectado la libertad de los acusados.

“Resumiendo, verificándose la violación a un deber básico y fundamental como es la obligación de veracidad corresponde de oficio o a instancia de parte de la fiscalía o de los propios órganos jurisdiccionales que han emitido decisiones sobre la base de falsedad incitar Investigacion, acusar y llevar a juicio a los apócrifos peritos. Además de declarar de oficio la nulidad de las sentencias y procesos fundamentadas en falsedad”, finalizó.

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