#ContaminaciónDeAguas
“El Estado no cumple rol fiscalizador frente a minería”
Los organismos fiscalizadores del Estado en el sector minero deberían centrar su foco de intervención en La Libertad para evitar que más adelante se registren grados de contaminación incontrolables como la ocurrida en Cerro de Pasco, advirtió la consejera regional por la provincia de Sánchez Carrión, Jennifer Catalán Cormán.
Esto luego de lamentar lo que ocurre en cerro El Toro, en Huamachuco, donde, por un lado, la minería ilegal afecta enormemente la calidad de vida de la gente, pero por otro lado la gran minería, atenta contra la salud de los pobladores y el medioambiente.
“Lo que sucede en Huamachuco es un claro reflejo de lo que sucede, también, en Quiruvilca, en Santiago de Chuco; Salpo, en Otuzco, y en Gran Chimú. Es decir, una completa desatención de parte del Estado, que ha desatendido el sector minero informal e ilegal, no solo porque no los sanciona sino también porque no les brinda las herramientas de orientación para no contaminar y realizar una actividad responsable”, expresó la consejera regional al recordar que los productos de los agricultores se ven afectados por las aguas contaminadas que, luego, son consumidos por niños y adultos.
Prueba de ello -según dijo- es que en Huamachuco no se controla las actividades ilegales, pero aún peor las legales. “Tanto la minería ilegal como la legal causan mucho perjuicio. En Huamachuco, por ejemplo, nada ni nadie ha hecho algo contra Summa Gold a pesar de que en reiteradas oportunidades hemos denunciado que comete abuso contra las comunidades, afectando su agua, sus casas, las cuales se han rajado, presuntamente por la intensidad de las voladuras”, enfatizó.
Catalán explicó que lo mismo ocurre en las otras provincias, de allí que el río Moche esté completamente contaminado, no solo por la actividad minera ilegal, sino por las grandes empresas. “No hay sanción alguna que se conozca. La Libertad es una zona minera y el Estado no cumple con su rol de fiscalización, es por eso que tiene un reto, no solo de fiscalizar la ilegalidad, sino a las empresas formales, la responsabilidad que tienen con las zonas de influencia, porque no solo basta con desarrollar proyectos paliativos, sino conocer cuál es el verdadero impacto en el desarrollo y economía de las comunidades”, manifestó.
