El hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, David Gómez Boluarte, ha sido declarado apto para el ascenso en el servicio diplomático peruano, una noticia que ha suscitado un intenso debate en el país, a pesar de que expertos en la materia aseguran que el proceso se encuentra dentro del marco legal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la aprobación del ascenso es parte de un proceso regular para los diplomáticos de carrera. De concretarse, el joven funcionario podría ver un potencial de aumento en su salario de más de S/ 6,000 mensuales, a lo que se sumarían las bonificaciones y demás beneficios que reciben los diplomáticos peruanos. Este proceso, que se realiza de manera habitual, designa a un comité evaluador, conformado por un grupo de embajadores, que decide qué personas son aptas para el ascenso.
Adicionalmente, se ha revelado que Gómez Boluarte ha sido designado como tercer secretario de la Representación Permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. De acuerdo a una resolución ministerial del 27 de noviembre, el hijo de la mandataria asumirá este importante cargo en la sede de la ONU, un puesto que incluye respaldar negociaciones internacionales y representar al país en temas clave.
A pesar de las suspicacias que puedan generarse, especialistas como el ex canciller Miguel Rodríguez Mackay han aclarado que el proceso es completamente legal. La ley que rige el servicio diplomático es una normativa especial que opera de manera independiente y no está sujeta a la ley de servicio civil que regula el nepotismo.
Este caso pone de manifiesto cómo las normativas internas de entidades como la Cancillería, la Policía Nacional del Perú o el Ejército permiten que sus procesos sigan reglas distintas a las del servicio público general. Si bien el nombramiento de Gómez Boluarte se ha realizado en estricto cumplimiento de la ley, el hecho de que sea el hijo de la presidenta ha reavivado el debate sobre la ética y la transparencia en los nombramientos de funcionarios de alto nivel en el país, generando desconfianza en la ciudadanía.
Reacciones
La noticia ha suscitado un intenso debate en la opinión pública sobre la ética y la transparencia en los nombramientos de funcionarios de alto nivel, especialmente cuando se trata de familiares directos de la jefa de Estado. Aunque el proceso sea legal, la percepción de un posible trato preferencial sigue generando desconfianza en la ciudadanía.
