Defensoría del Pueblo exhorta a municipios provinciales y distritales a aprobar ordenanzas que erradiquen la violencia contra la mujer

  • Solo tres provinciales y nueve distritales cumplieron con la ordenanza
  • Municipios de Laredo, Bolívar y Pataz aún no cumplen con poner en marcha la ordenanza contra el acoso callejero en sus jurisdicciones

Teniendo en cuenta los altos índices de violencia contra la mujer, la Defensoría del Pueblo desde el año 2018 inició una campaña con la finalidad de disminuir esta problemática social impulsando a través de los gobiernos regionales y locales, la creación de la Instancia Regional para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Dentro de esa misma línea, además se impulsó la promulgación de ordenanzas municipales que prohíban y sancionen el acoso sexual en espacios públicos.

En la región La Libertad, los municipios provinciales de Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz y Sánchez Carrión aún no implementan la Instancia para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, al igual que los municipios distritales de Casa Grande, Santiago de Cao, Laredo y Moche.

En tanto, los municipios provinciales de Chepén, Trujillo y Virú han aprobaron la ordenanza, y cumplieron con la misma disposición los municipios distritales de Chocope, Paiján, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Salaverry, Víctor Larco y Simbal.

Respecto a la ordenanza contra el acoso sexual en espacios públicos, el municipio distrital de Laredo y los provinciales de Bolívar y Pataz hasta el momento no han cumplido con aprobar sus ordenanzas.

Solo los municipios distritales de El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Moche, Salaverry y Víctor Larco ya implementaron la misma, al igual que los municipios provinciales de Ascope, Chepén, Gran Chimú, Julcán, otuzco, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Hay que precisar que la instancia regional tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

 

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