Por: Amaro Rodríguez S.
Acorde a nuestra realidad post Covid-19, con una economía en recesión como consecuencia de la pandemia, se impone al Estado iniciar obligatoriamente una política de austeridad total, en el gasto público a fin de obtener algunos recursos adicionales para destinarlo a los programas sociales como paliativos para superar esta fase económica.
La austeridad comprenderá a recortes de contratos de personal de confianza, de asesores que en muchos casos son pagos por apoyo político recibido, quedando el personal indispensable para seguir desarrollándose las actividades en cada uno de los niveles de gobierno, en el Poder Judicial y demás instituciones públicas.
La clase política si quiere demostrar patriotismo aceptará recorte de sus remuneraciones como parte de la austeridad, así con los altos funcionarios continuarán haciendo su trabajo como parte del esfuerzo para obtener recursos económicos que ayuden a los emprendedores de la empresa privada desde micro empresarios, para acelerar la reactivación económica, al mismo tiempo de emprender un agresivo programa de lucha contra la corrupción para que no roben esos recursos que urgentemente lo necesitamos.
No sería justo por un lado que el sacrificio austero de los menos, para que de otro lado se permita continuar el robo por mafias entronizadas que merodean las instituciones que hacen obras públicas y compras, por esa razón también necesitamos jueces y fiscales honestos, Fiscales con gran autonomía para investigar a responsables de la corrupción y proponer sanción ante los jueces.
Los candidatos para las elecciones generales del 2021 deben tener muy presente que deberán trabajar con patriotismo, si son capaces de hacerlo en una época de “vacas flacas”, de lo contrario no se aventuren al desempeño de la política, que empiecen a ver el ejercicio de la política como un servicio a la sociedad peruana hastiado de robos, que el año pasado fue de unos 23,000 millones de soles según Contraloría.